RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Fernando Crisóstomo Herrera, y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), involucrados en el caso de corrupción Calamar, acordaron devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que renunció a aplicar penal contra los dos acusados, acuerdos que están pendientes de ser aprobados por el tribunal.
Según los documentos presentados a las partes del proceso, a los cuales la jueza ordenó notificarles el acuerdo, Crisóstomo Herrera acordó con el órgano persecutor que “el pago deberá ser efectivo previo a la homologación judicial” del criterio de oportunidad, cuya audiencia está programada para el día 13 de este mes de junio.
Crisóstomo Herrera “autoriza voluntariamente que se decomise en favor del Estado dominicano la cantidad de “mil ciento un millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos (1,101,770,078.50)”, a través de “cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otros bienes”.
Mimilo acordó entregar “715 millones en efectivo y bienes inmuebles”. Ambos involucrados son parte de los delatores del expediente, que asumieron su responsabilidad en asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.
“Se ha solicitado el criterio de oportunidad en base a su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, añaden los documentos notificados a las partes de Operación Calamar.
Acusación del la Pepca
Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita también un criterio de oportunidad a favor de Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. Las defensas de los formalmente acusados han calificado el acuerdo con los delatores como irregular.
La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de “contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos”, declarados de utilidad pública. También, mediante sobornos a contratistas para financiar “ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo”, uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
A Fernando Crisóstomo se le señala como quien identificaba los casos que podían ser reclamaciones de pagos de deuda administrativa al Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), mientras que Jiménez Collie (a) Mimilo actuaba como el contacto directo con el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental que manejaba Fernando Crisóstomo.
A ambos se les vincula como parte del esquema de cobro ilícito a bancas deportivas y de loterías, a las que se obligaba a pagar una mensualidad como forma de soborno, bajo la amenaza de cierre.
