RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó este miércoles el fallo sobre la medida de coerción solicitada contra los siete implicados en la operación Camaleón, acusados de estafar al Estado con más de 1,317 millones de pesos. Entre los principales imputados figuran Hugo Beras, exdirector de (Intrant) y José Ángel Canas (Jochi), presidente de la empresa Transcore Latam. La decisión se dará a conocer este jueves a partir de las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, basado en las más de 245 pruebas que presentó, las cuales aseguran que demuestran la participación de los imputados en los actos de corrupción. Además, señalan que esta supuesta red criminal afectó al sistema de semaforización del Gran Santo Domingo mediante contratos fraudulentos entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.
Entre los acusados también se encuentran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez. Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol también están bajo investigación en este proceso.
En la audiencia del martes, el Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, detalló la participación de cada uno de los imputados en la operación Camaleón, con pruebas que incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos. Además, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la red daba seguimiento a jueces del sistema judicial, lo que calificó como un comportamiento criminal grave.
En este caso, se investigan múltiples delitos que incluyen estafa, desfalco y terrorismo, por lo que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados. Camacho también aseguró que no descartan que más personas puedan ser vinculadas a la red.
En las dos jornadas de audiencia, todas las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos. La jueza Veloz deberá decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público o si dictará otra medida de coerción.
