RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- EL director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, confirmó en el programa Toda la Verdad que dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana figura una empresa en la que el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, posee más del 10% de las acciones, superando así el límite permitido por la ley. Sin embargo, aclaró que las contrataciones se hicieron con el proveedor adjudicado, y no directamente con la empresa relacionada al funcionario.
“La debida diligencia de la Ogtic fue simple y no alcanzó las estructuras reales de propiedad”, explicó Pimentel en una entrevista exclusiva con la periodista Odalis Castillo.
El funcionario reconoció que la verificación realizada por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) no profundizó en las verdaderas estructuras de propiedad del fideicomiso, lo que subraya la necesidad de fortalecer los procesos de verificación para asegurar mayor transparencia y mitigar riesgos en las contrataciones del Estado.
Pimentel también destacó que, en el proceso cuestionado, no hubo contrato registrado ni pagos efectuados, y que no existió un beneficiario final, ya que el proceso fue cancelado tras la renuncia del adjudicatario. Insistió en que, en República Dominicana, se ha avanzado en los procedimientos de debida diligencia en contrataciones públicas, pero subrayó la urgencia de profundizar en los controles para evitar conflictos de interés y riesgos reputacionales.
Suspensión del registro de la empresa vinculada al ministro
El director de Compras y Contrataciones reveló que la empresa en la que Bonilla tiene participación accionaria dentro del fideicomiso no puede operar como proveedor del Estado, ya que su registro fue suspendido hace uno o dos años debido a incompatibilidades. Aclaró que la transacción cancelada por la Ogtic tras la renuncia del adjudicatario no involucró ni al fideicomiso ni a la empresa vinculada al ministro, sino a un tercero cuyo registro de proveedor está activo y en cuya estructura accionaria Bonilla no participa.
Preocupaciones sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
El funcionario también fue cuestionado sobre la negociación del alquiler del inmueble, en la que los precios mensuales por metro cuadrado entre el fideicomiso, el inquilino Jacinto y la Ogtic eran prácticamente idénticos, lo que dejaba poco margen para la rentabilidad. Esto sugiere que el objetivo de la negociación podría no haber sido la rentabilidad, sino viabilizar la operación mediante un intermediario, protegiendo a los verdaderos beneficiarios del proceso.
Pimentel, además, advirtió que la falta de una ley que regule a los beneficiarios finales sigue siendo una debilidad del sistema de contrataciones públicas. “A medida que el sistema se expande, es fundamental profundizar en la debida diligencia”, concluyó.
Crítica a la Ley 340 de 2006
El director de Compras y Contrataciones también abordó las consecuencias de la Ley 340, aprobada en 2006, señalando que estableció las bases para la impunidad en las contrataciones públicas. “Desde entonces, el sistema ha operado sin un mecanismo efectivo de control y sanción”, afirmó. En este sentido, resaltó la necesidad urgente de una nueva ley que refuerce la transparencia y de la implementación de un nuevo reglamento que permita mitigar los riesgos en el proceso de adjudicación de contratos.
