RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader defendió este lunes el decreto que califica a las bandas criminales haitianas como “organizaciones terroristas”, una medida tomada en respuesta a la creciente violencia que afecta a Haití y que ha impactado la seguridad en la región fronteriza.
Durante su participación en el programa LA Semanal con la Prensa, Abinader explicó que el decreto es la base legal necesaria para actuar frente a los miembros de estas bandas en caso de que intenten ingresar al territorio dominicano.
“Mi único compromiso es con la seguridad del pueblo dominicano”, expresó el mandatario, destacando que la decisión fue tomada para garantizar una respuesta legal ante cualquier amenaza proveniente de estas organizaciones criminales.
Abinader detalló que las bandas haitianas, conocidas por sus actos violentos y su control sobre territorios en Haití, han llevado a cabo ataques como disparar a aviones civiles, lo que justifica, en su opinión, la calificación de “terroristas”.
Aunque el presidente subrayó que el decreto permite actuar contra estas bandas en la frontera, la aplicación práctica de la medida aún está en discusión.
A pesar de su firma el 26 de febrero, el contenido íntegro del decreto no ha sido publicado oficialmente hasta la tarde de este lunes, por lo que se desconocen detalles clave sobre su implementación, como el destino de los posibles detenidos, si serán encarcelados en el país o repatriados a Haití.
En su discurso ante la Asamblea General el pasado 27 de febrero, Abinader también ordenó la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista para coordinar las acciones frente a este fenómeno.
El presidente recordó que la situación en Haití sigue deteriorándose, con más de 5,000 muertos en 2024 debido a la violencia de las bandas.
Sin embargo, la medida ha generado controversia entre algunos sectores jurídicos.
El abogado penalista Cándido Simó cuestionó la constitucionalidad del decreto, señalando que la definición de “terrorismo” debería estar respaldada por convenciones internacionales y no ser determinada unilateralmente por un solo país.
Por su parte, la jurista Laura Acosta advirtió que la Constitución de la República Dominicana establece que el presidente no tiene la autoridad para ordenar la persecución o arresto de personas sin una orden judicial.
A pesar de las críticas, Abinader insistió en que su principal prioridad es garantizar la seguridad del pueblo dominicano y que el decreto es fundamental para enfrentar la creciente amenaza en la frontera.
La medida continúa siendo objeto de debate en los círculos políticos y jurídicos, mientras la situación en Haití sigue siendo una de las principales preocupaciones de la región.
