RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El senador, Omar Fernández, presentó un proyecto de ley para crear el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), una entidad que regularía los sistemas de inteligencia artificial en la República Dominicana.
La propuesta, sometida un día antes del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, busca supervisar el desarrollo, uso y aplicación de estas tecnologías en el país, garantizando principios éticos y la protección de los derechos ciudadanos.
De acuerdo con la iniciativa, el Cenia estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia y contaría con la participación de instituciones como el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sus funciones incluirían la emisión de reglamentos y normas técnicas, la evaluación y certificación de sistemas antes de su implementación y la investigación de posibles violaciones a la ley. Además, establecería un registro nacional con información sobre los sistemas de inteligencia artificial en operación, detallando su propósito y los riesgos asociados.
El proyecto de ley establece principios que garantizarían que los usuarios puedan conocer el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y cómo afectan sus derechos. Asimismo, los desarrolladores tendrían la obligación de documentar y garantizar que los procesos de toma de decisiones automatizadas sean comprensibles y verificables.
Otro punto clave de la iniciativa es la protección de datos personales. Según el proyecto, los sistemas de inteligencia artificial deberán cumplir con los estándares más altos de seguridad y garantizar el consentimiento informado en el tratamiento de datos. Se prohíbe la recopilación y procesamiento de datos sensibles sin la autorización expresa de los ciudadanos, salvo en casos excepcionales previstos por la ley.
El documento también resalta la importancia de la supervisión humana en las decisiones automatizadas. En sectores sensibles como la salud, la justicia y las relaciones laborales, se garantizaría el derecho de los ciudadanos a que las decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial sean revisadas y, si es necesario, modificadas por un ser humano.
La propuesta de Fernández promueve, además, la aplicación prioritaria de la inteligencia artificial en áreas estratégicas como la educación, la salud, la justicia y la seguridad. No obstante, la ley prohibiría ciertos usos de la inteligencia artificial que podrían comprometer la privacidad o los derechos fundamentales.
Entre ellos, se encuentra la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción masiva de imágenes de internet, así como el uso de inteligencia artificial para determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa de una persona sin intervención humana.
El proyecto de ley será analizado en el Congreso para determinar su viabilidad y posible aprobación.
