RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un grupo mayoritario de legisladores conservadores presentó un proyecto de Código Penal que endurece significativamente las sanciones por aborto, aumentando las penas hasta 15 años más que las establecidas en la legislación vigente.
La propuesta, respaldada por 70 diputados, mantiene la penalización absoluta del aborto y plantea penas más severas tanto para las mujeres que interrumpan su embarazo como para el personal médico involucrado.
Aumento de penas y nuevas sanciones
El actual Código Penal castiga el aborto con hasta cinco años de prisión para las mujeres que lo practiquen. Sin embargo, la nueva iniciativa eleva la condena hasta los 20 años. Para quienes realicen abortos, la pena máxima también pasaría de cinco a 20 años.
Además, el proyecto impone sanciones más severas a profesionales de la salud. Actualmente, médicos, enfermeras y farmacéuticos pueden enfrentar hasta 20 años de cárcel por realizar abortos. Con la reforma, esta pena aumentaría a 30 años y podría alcanzar los 40 si la mujer fallece durante el procedimiento.
También se contempla una sanción de 10 a 20 años de prisión para los casos en los que el aborto no se complete, pero cause daños al feto o al bebé tras nacer. Esta disposición no está incluida en la legislación actual.
Origen y respaldo del proyecto
El anteproyecto fue elaborado por el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi) junto a un grupo de abogados. Tras múltiples protestas frente al Congreso, 70 diputados, liderados por la legisladora perremeísta Soraya Suárez, formalizaron la propuesta, argumentando que este es el momento adecuado para aprobar el Código Penal sin modificaciones.
El proyecto será analizado en una comisión bicameral, junto con otras dos iniciativas presentadas por el senador Ramón Rogelio Genao y el diputado Rogelio Alfonso Genao.
Debate sobre las tres causales
El proyecto ignora las demandas de los sectores que exigen la inclusión de las tres causales que permitirían el aborto sin penalización en casos específicos: cuando la vida de la madre esté en riesgo, cuando el feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
Los promotores de la reforma han rechazado estas excepciones, manteniendo una postura inflexible sobre la interrupción del embarazo, lo que ha generado fuertes debates en la sociedad y el Congreso.
