RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- A partir de hoy, millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deberán enfrentar una nueva política federal: el “Requisito de Registro de Extranjeros”. La medida, anunciada en marzo por la Administración Trump, obliga a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que hayan residido en el país por más de 30 días a registrarse en una plataforma oficial, proporcionando datos personales y sus huellas dactilares.
La norma, según confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), exige que los inscritos lleven un comprobante del registro en todo momento. Para menores de 14 años, el registro es responsabilidad de sus padres o tutores legales, aunque sin necesidad de toma de huellas.
El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta para fomentar la salida voluntaria de personas sin estatus legal, advirtiendo que quienes no cumplan con el requisito podrían enfrentar sanciones más severas que las previstas actualmente por la mera permanencia irregular.
No obstante, la iniciativa ha provocado fuertes reacciones en diversos sectores sociales, legales y comunitarios. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y abogados especializados han cuestionado su constitucionalidad y han instado públicamente a no participar en el proceso, calificándolo como una forma de autoincriminación prohibida por la Quinta Enmienda.
“Esta norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí”, afirmó Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración. La entidad, junto con otras tres organizaciones, ha presentado una demanda ante un tribunal federal en Washington, solicitando el bloqueo de la política.
Durante la audiencia inicial, el juez Trevor McFadden (nombrado por el propio Trump) se mostró receptivo a los argumentos de los demandantes, quienes alegan que la norma fue impuesta sin seguir los procedimientos establecidos para cambios de tal envergadura, como la consulta y notificación pública.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que entre 2.2 y 3.2 millones de personas se verán afectadas por la medida. Sin embargo, expertos legales aseguran que el número real podría ser mucho mayor, con implicaciones que abarcan desde el acceso a servicios hasta el aumento de la vigilancia sobre comunidades vulnerables.
Activistas también advierten sobre el uso de esta norma como parte de un plan más amplio de endurecimiento migratorio, que incluye convenios con el IRS para obtener información fiscal de ciertos inmigrantes.
El juez McFadden se comprometió a emitir una decisión antes de la implementación plena del registro, que se basa en una ley federal aprobada durante la Segunda Guerra Mundial y casi olvidada desde entonces. De imponerse un bloqueo, se anticipa una apelación inmediata por parte del Gobierno.
En medio de la incertidumbre, muchas personas indocumentadas se sienten atrapadas entre el temor a la deportación y el riesgo de enfrentar consecuencias legales si no cumplen con la medida. La comunidad legal y de derechos civiles ha reiterado su llamado a la calma, la resistencia informada y la búsqueda de amparo judicial como vía para resolver esta disputa.
Mientras tanto, el país observa con atención el desenlace de una política que, más allá del debate migratorio, reaviva preguntas fundamentales sobre los límites del poder ejecutivo y los derechos constitucionales de todas las personas que residen en Estados Unidos.
