RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia el Código Penal ha comenzado a valorar los actos de discriminación establecidos en el artículo 185, el cual penaliza con penas de prisión que van de 15 días a un año, además de multas equivalentes a dos salarios mínimos del sector público, a quienes cometan este tipo de delitos. Este artículo busca reforzar el derecho a la igualdad garantizado por la Constitución de la República Dominicana, específicamente en su artículo 39.
Sanciones por discriminación de género, color, edad y más.
La sanción contempla castigos por discriminación basada en una serie de factores, incluyendo género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica y condición social o personal. Entre los actos que podrían conllevar una pena de prisión se incluyen: negarse a suministrar un bien o servicio a la víctima, obstaculizar el ejercicio de una actividad económica, negarle un empleo o sancionarlo injustamente, restringir el acceso a la educación en cualquier nivel o impedir el ingreso a un establecimiento público o comercial.
Reformas impulsadas por el sector LGBTIQ+
La incorporación de la responsabilidad penal por discriminación fue una de las reformas introducidas en 2024, a raíz de las demandas de los grupos LGBTIQ+, quienes solicitaban sanciones más estrictas por actos de discriminación. Este cambio se produjo luego de que las versiones anteriores del Código Penal eximieran de responsabilidad penal a quienes rechazaran a una persona por razones de género.
Controversia por implicaciones en la política migratoria
En la nueva fase de revisión del Código Penal, el Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (Conexpcard) ha solicitado a la comisión bicameral la revocación del artículo 185. Argumentan que la redacción actual podría malinterpretarse en el contexto de la política migratoria del Gobierno, generando posibles tensiones sociales. “Existe el riesgo de que este artículo sea utilizado para cuestionar acciones legítimas del Estado en la gestión de la migración, lo cual podría generar tensiones sociales y percepciones de injusticia entre la población dominicana”, manifestó Conexpcard.
El grupo de abogados ha sugerido la creación de un marco normativo que distinga de manera clara entre actos de discriminación y las medidas adoptadas para regular la migración, con el fin de evitar posibles conflictos jurídicos y sociales.
La comisión bicameral, que está compuesta por 11 senadores y 21 diputados, continuará con los trabajos de análisis y revisión del Código Penal una vez concluya la Semana Santa.
