RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- El juez federal James Boasberg dio inicio este miércoles a un proceso judicial contra el Gobierno del expresidente Donald Trump, al que acusa de incurrir en desacato por desobedecer una orden que prohibía la deportación de más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— hacia El Salvador, donde fueron ingresados en el controvertido CECOT, la megacárcel del régimen de Nayib Bukele.
En un documento judicial de más de 40 páginas, Boasberg afirmó que el Ejecutivo de Trump actuó con “completo menosprecio” hacia su mandato judicial. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, advirtió el magistrado.
Deportaciones tras invocar ley de 1798
El 14 de marzo, el expresidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto de tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes venezolanos a quienes vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, recientemente catalogada como grupo terrorista por Washington, al igual que la MS-13.
Al día siguiente, Boasberg bloqueó el uso de dicha ley, justo cuando dos aviones con migrantes ya volaban rumbo a Centroamérica. Pese a la orden judicial, los vuelos no fueron cancelados y aterrizaron en El Salvador, desatando una inédita disputa entre el poder judicial y el Ejecutivo.
La situación escaló aún más cuando Trump sugirió un juicio político contra Boasberg, en un intento de desacreditar la intervención del magistrado.
Críticas internacionales y denuncias de abusos
Organizaciones internacionales han expresado su preocupación. Human Rights Watch, en un informe reciente, denunció que Estados Unidos y El Salvador han incurrido en desapariciones forzadas, al mantener a los migrantes incomunicados y sin acceso a asesoría legal en el penal de máxima seguridad salvadoreño.
Pese a los señalamientos de la administración Trump, medios estadounidenses revelaron que la mayoría de los expulsados no tienen antecedentes penales ni vínculos comprobados con organizaciones criminales.
El acuerdo con El Salvador incluye un pago anual de US$6 millones por parte de EE. UU. para financiar parte del sistema penitenciario, aunque los términos del convenio no han sido publicados. El CECOT, que alberga a más de 12.000 reclusos, ha sido objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos, según informes de Amnistía Internacional y la ONU.
