RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La deuda pública externa del Sector Público No Financiero (SPNF) de la República Dominicana se situó en US$40,740.0 millones al 31 de diciembre de 2024, lo que equivale al 32.7 % del producto interno bruto (PIB). Así lo detalla el informe trimestral sobre la situación de la deuda, emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Crédito Público.
Según el documento oficial, el 76.1 % de esta deuda corresponde a compromisos con acreedores privados, principalmente a través de bonos soberanos. En tanto, el 23.9 % restante corresponde a deuda con acreedores oficiales, distribuidos entre organismos multilaterales (18.7 %) y bilaterales (5.2 %).
Composición y servicio de la deuda
El portafolio de deuda externa del SPNF está compuesto en su mayoría por obligaciones en dólares estadounidenses (87.5 %). El resto se distribuye en pesos dominicanos (10.7 %) —emitidos en mercados internacionales—, euros (1.3 %), derechos especiales de giro (0.4 %), won coreano (0.1 %) y otras monedas con presencia marginal (0.0 %).
Durante el período enero-diciembre de 2024, el Gobierno Central realizó pagos por US$3,630.1 millones en servicio de la deuda externa. De esa suma, US$1,058.5 millones se destinaron al pago de principal, US$2,549.9 millones a intereses y US$21.7 millones a comisiones.
Bonos soberanos: movimientos mixtos
Los bonos soberanos denominados en dólares registraron una baja en sus precios respecto al trimestre anterior, según el informe. En contraste, los bonos en pesos dominicanos evidenciaron movimientos al alza, reflejando el comportamiento del mercado en relación con factores económicos internos y externos.
El Ministerio de Hacienda mantiene su compromiso con la transparencia fiscal y la sostenibilidad del endeudamiento, en línea con las metas establecidas en la estrategia de gestión de deuda pública del país.
¿Qué es el SPNF?
El Sector Público No Financiero (SPNF) abarca al Gobierno Central, los gobiernos locales, instituciones de la Seguridad Social, y entidades descentralizadas y autónomas que proveen bienes y servicios no financieros. Su funcionamiento depende, en parte, de los ingresos por ventas, pero también de transferencias o subsidios estatales.
