RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes una orden que suspende temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos hacia El Salvador, tras aceptar un recurso de emergencia presentado por organizaciones defensoras de derechos civiles.
La decisión responde a un recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que cuestiona la legalidad de las recientes deportaciones ejecutadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que históricamente ha sido aplicada solo en contextos de guerra y que fue invocada por la administración del expresidente Donald Trump el pasado 14 de marzo.
La medida afecta principalmente a migrantes venezolanos detenidos en centros de retención en Texas, muchos de los cuales han sido acusados por el Gobierno estadounidense de tener nexos con la banda criminal Tren de Aragua, una organización transnacional surgida en Venezuela.
Según reportes oficiales, más de 200 migrantes fueron ya trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad que ha sido objeto de denuncias internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos.
El acuerdo que permite estas transferencias fue alcanzado entre EE. UU. y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha defendido la estrategia como parte de su lucha contra el crimen organizado en la región.
Corte impone condiciones y pide revisión del proceso
En una decisión anterior, la Corte Suprema había permitido continuar con las expulsiones solo si se garantizaba que los migrantes serían notificados previamente y se les daría un “tiempo razonable” para apelar.
Sin embargo, la nueva orden deja en suspenso cualquier traslado hasta nueva revisión judicial.
La votación del Supremo no fue unánime: dos jueces votaron en contra de suspender las expulsiones, lo que refleja divisiones internas respecto al uso de esta ley histórica para enfrentar la migración irregular.
Contexto migratorio tenso y debate legal abierto
La medida se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas y legales sobre la política migratoria en EE. UU., y pone en pausa un controvertido mecanismo legal cuya aplicación ha sido duramente criticada por organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
La Corte Suprema no ha establecido una fecha para emitir un fallo definitivo, por lo que la situación de los migrantes venezolanos permanece en un estado de incertidumbre legal.
