RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas ofrecieron este lunes información detallada sobre el nuevo protocolo aplicado a parturientas haitianas atendidas en centros de salud públicos, el cual contempla la cobertura médica de emergencia y establece condiciones específicas para su eventual repatriación.
En La Semanal con la Prensa, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, explicó que las pacientes de nacionalidad haitiana que acudan a hospitales públicos en trabajo de parto recibirán atención médica gratuita en términos de honorarios profesionales y costos administrativos, pero deberán cubrir el costo de los insumos y materiales utilizados durante el procedimiento.
“Estamos cobrando los insumos y todos los materiales. Los hospitales calculan ese costo al momento del egreso del paciente, basado en los precios de referencia de medicamentos suministrados por Promese”, señaló Lama.
El funcionario agregó que cada caso se evalúa individualmente, ya que el costo puede variar según las condiciones clínicas y la duración del parto.
En cuanto al procedimiento posterior al alta médica, el presidente Luis Abinader afirmó que ya existe un protocolo oficial de deportación.
Lama confirmó la existencia de un flujograma que ha sido compartido y practicado con los directores de hospitales, el cual involucra la intervención de agentes de Migración una vez la paciente está clínicamente estable.
“El hospital debe contactar a las autoridades migratorias cuando la paciente ya se encuentra en condiciones de egreso”, detalló Lama.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Lee Ballester, reconoció que el proceso de retorno de parturientas haitianas representa un desafío logístico y operativo.
“Estamos implementando operativos de identificación, recolección de datos biométricos y definición del punto fronterizo más adecuado para su retorno. Es un proceso en construcción que continuará perfeccionándose”, sostuvo.
El nuevo protocolo se enmarca en las 15 medidas migratorias anunciadas recientemente por el Gobierno, como parte de una estrategia más amplia para gestionar los flujos migratorios y reforzar el cumplimiento de la normativa nacional.
