RDÉ DIGITAL, CAMBRIDGE.– Harvard presentó este lunes una demanda formal contra el Gobierno del presidente Donald Trump por la congelación de fondos federales que, según la Administración, responde a presuntas conductas antisemitas en el campus. La universidad sostiene que esta acción viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y representa una amenaza directa a la libertad académica y a la autonomía institucional.
En el documento judicial, Harvard acusa al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, de haber incurrido en una extralimitación de sus funciones al ordenar la suspensión de fondos federales clave para la investigación y el funcionamiento de la institución.
“””Las consecuencias de esta acción serán graves y duraderas”. “Impactarán investigaciones fundamentales sobre el cáncer, la esclerosis múltiple, el párkinson o el alzhéimer”, advirtió el presidente interino de Harvard, Alan Garber, en un comunicado difundido en el sitio web de la universidad.
Garber, quien se identifica como judío y estadounidense, reconoció la preocupación legítima por el aumento del antisemitismo, pero denunció que el Ejecutivo utiliza el tema para justificar “una acción ilegal” con fines políticos. Para abordar eficazmente el antisemitismo se requiere comprensión, intención y vigilancia. “Harvard se toma ese trabajo en serio”, añadió.
Cronología del conflicto
- 2023-2024: Se intensifican las críticas a universidades como Harvard por su gestión de protestas relacionadas con el conflicto en Gaza. Legisladores republicanos presionan por sanciones financieras.
- Marzo de 2025: El Gobierno emite advertencias a la universidad por supuestas “fallas institucionales” para contener el antisemitismo.
- Abril de 2025: La Administración Trump congela los fondos federales destinados a Harvard.
- 21 de abril de 2025: Harvard interpone una demanda federal acusando violaciones a la Primera Enmienda y a los reglamentos federales de financiación educativa.
Implicaciones legales y académicas
La demanda se convierte en un caso clave para definir los límites del poder del Ejecutivo sobre la financiación educativa. Expertos legales afirman que, de prosperar el reclamo de Harvard, se fortalecería la protección constitucional de las universidades frente a intervenciones políticas.
Además, el congelamiento de fondos podría afectar de forma directa a investigaciones científicas financiadas por agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF), así como al acceso de miles de estudiantes a becas y programas de asistencia económica.
Posición institucional
Harvard defiende que su entorno académico promueve el respeto, la diversidad y el debate libre de ideas. Reitera su compromiso con la lucha contra toda forma de odio, incluido el antisemitismo, pero advierte que la autonomía universitaria no puede ser comprometida por medidas punitivas del Ejecutivo.
“El intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard ignora los principios fundamentales de la Primera Enmienda”, concluye el texto de la demanda.
