RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.– Durante el fin de semana del 26 y 27 de abril de 2025, la República Dominicana fue escenario de varias marchas que reflejaron las tensiones sociales, políticas y migratorias que atraviesa el país. Desde conmemoraciones patrióticas hasta protestas por políticas migratorias, estas movilizaciones evidencian la pluralidad de voces y demandas en la sociedad dominicana.
Marcha por la Revolución de Abril: Un llamado a la memoria histórica
El 27 de abril, organizaciones sociales y políticas convocaron una marcha para conmemorar el 60 aniversario de la Revolución de abril de 1965. La manifestación, autorizada por el Ministerio de Interior y Policía mediante la resolución MIP-UVP-0159-2025, partió desde la plazoleta La Trinitaria hasta el busto del coronel Francisco Alberto Caamaño en el Parque Independencia. Bajo el lema “Defensa de la soberanía nacional y la protección ambiental”, miles de dominicanos se unieron para recordar la lucha patriótica y exigir un mayor compromiso del liderazgo político con la soberanía e identidad dominicana.
Antigua Orden Dominicana: Protestas por políticas migratorias
Paralelamente, el grupo nacionalista Antigua Orden Dominicana organizó una marcha en el Altar de la Patria, también el 27 de abril, para reafirmar los valores nacionales y exigir un mayor compromiso del liderazgo político con la soberanía e identidad dominicana. Esta organización ha convocado previamente marchas en contra de la inmigración haitiana ilegal y ha sido criticada por sus posturas xenófobas.
En la localidad de Hoyo de Friusa, Bávaro, la situación se tornó tensa cuando miembros de la Antigua Orden Dominicana, vestidos de negro y ondeando banderas dominicanas, marcharon por las calles exigiendo la expulsión de haitianos indocumentados. La protesta generó enfrentamientos con la policía y la presencia de gases lacrimógenos, resultando en arrestos y el desplazamiento de familias haitianas hacia lugares más seguros.
Derechos y leyes en juego
Estas movilizaciones ponen de manifiesto la complejidad del marco legal y los derechos fundamentales en juego. La Constitución de la República Dominicana garantiza el derecho a la libre expresión y la reunión pacífica, pilares fundamentales de una democracia participativa. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos se ve condicionado por la seguridad pública y el orden social.
La Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece la protección del medio ambiente como un derecho colectivo y difuso, lo que respalda las demandas de las organizaciones que exigen una mayor protección ambiental. Por otro lado, la Ley General de Migración No. 285-04 regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el país, y establece procedimientos para la deportación de aquellos que se encuentren en situación irregular.
La aplicación de estas leyes, especialmente en lo que respecta a la migración, ha generado controversias y tensiones sociales. Organizaciones de derechos humanos han denunciado prácticas discriminatorias y violaciones a los derechos de los migrantes, mientras que sectores nacionalistas defienden políticas más estrictas para salvaguardar la soberanía nacional.
Las marchas del fin de semana en República Dominicana reflejan una sociedad en constante debate sobre su identidad, soberanía y los derechos de los migrantes. Si bien el ejercicio de la protesta es un derecho fundamental, es esencial que se garantice el respeto a los derechos humanos y se busque el diálogo como herramienta para resolver las diferencias. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales, en un contexto de creciente polarización social.
Derecho a la manifestación en la Constitución
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 8, garantiza el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica. Este derecho está intrínsecamente relacionado con la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse dentro del marco de la ley, respetando el orden público y la seguridad nacional.
La Ley sobre los Extranjeros y el Derecho a Manifestarse
Una de las leyes más discutidas en relación con las marchas y manifestaciones es la Ley 285-04 sobre Extranjería. Esta legislación establece que los extranjeros no tienen el mismo derecho a participar en protestas y marchas que los ciudadanos dominicanos, ya que estos actos están sujetos a regulaciones que restringen la participación de personas no nacionales en actividades políticas o de presión pública dentro del país.
En este contexto, la ley establece que los extranjeros deben adherirse a las leyes dominicanas y, en caso de querer realizar una protesta, deben obtener permisos especiales que están sujetos a un escrutinio más riguroso. Esto ha generado debate sobre la inclusión o exclusión de ciertos sectores en las protestas, sobre todo cuando se trata de manifestaciones por causas sociales que afectan a toda la población, independientemente de su nacionalidad.
Tensiones sociales y respuestas gubernamentales
Las marchas del fin de semana se dieron en medio de un ambiente de tensión política y social, exacerbado por diversas preocupaciones, como la situación económica, la inseguridad y las políticas migratorias. El gobierno ha sido firme en su postura de mantener el orden y la seguridad, a menudo implementando medidas de control en las áreas más afectadas por las protestas. Además, las autoridades dominicanas han mostrado una creciente preocupación por los movimientos que buscan influir en las políticas nacionales, especialmente cuando involucran a extranjeros.
En cuanto a la respuesta de la policía y las autoridades, se destaca un enfoque de contención, con el despliegue de agentes en puntos clave de las manifestaciones. La estrategia se centró en evitar desbordes de violencia y garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin que esto alterara el orden público.
Desafíos y perspectivas
Las marchas en la República Dominicana reflejan una sociedad en lucha constante por encontrar el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y las normativas legales. Aunque la Constitución otorga el derecho de manifestarse, la ley de extranjería limita la participación activa de los no nacionales en ciertas actividades, lo que genera un debate sobre la equidad y la legitimidad de las protestas en contextos internacionales.
El país, que se encuentra en un proceso de consolidación de su democracia, debe considerar estos elementos al momento de gestionar los derechos de los ciudadanos y los extranjeros, buscando siempre un equilibrio entre la libertad de expresión y las normativas legales que rigen el orden público.
El próximo paso será observar cómo las autoridades continúan manejando estas tensiones sociales y si habrá ajustes en la legislación que permitan una mayor integración de los diferentes sectores de la sociedad en las protestas y movilizaciones que se avecinan.
