RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) alertó este lunes sobre las consecuencias que las nuevas medidas migratorias están provocando en el sector construcción, incluyendo retrasos en obras, aumentos de costos y posibles alzas en los precios de viviendas, debido a la disminución de trabajadores haitianos.
Desde la implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno, Acoprovi ha registrado una reducción “notable” en la presencia de obreros haitianos, sobre todo en labores de obra gris y etapas iniciales de los proyectos, áreas en las que esta mano de obra ha tenido una alta participación ante la limitada disponibilidad de trabajadores dominicanos interesados en esas tareas.
“El impacto se refleja en demoras en la entrega de obras, paralización parcial de construcciones y un incremento en los costos logísticos, lo que podría afectar el acceso a la vivienda para la población dominicana”, expresó el gremio en declaraciones a medios nacionales.
Acoprovi sostuvo que algunos de los operativos migratorios se han ejecutado sin dar un margen razonable para que los trabajadores regularicen su estatus, lo que ha dificultado su reemplazo inmediato y generado incertidumbre entre los promotores inmobiliarios.
A pesar del contexto, la asociación reiteró su respaldo a una política migratoria ordenada y expresó su disposición a colaborar con las autoridades. Aplaudió además la emisión de 87,000 visados de trabajo bajo el marco legal actual y reafirmó su apuesta por capacitar mano de obra local mediante iniciativas como Construyendo RD.
En paralelo, el Gobierno ha defendido las medidas como una respuesta necesaria ante la prolongada dependencia de sectores como la construcción y la agricultura del trabajo irregular, particularmente de origen haitiano. “Es momento de ordenar con determinación la presencia de trabajadores indocumentados”, afirmó el presidente Luis Abinader al anunciar el paquete de 15 acciones, que incluye deportaciones, controles más estrictos y una revisión del marco jurídico migratorio.
Como parte del esfuerzo, el Poder Ejecutivo designó una comisión especial encabezada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, para evaluar la normativa aplicable. En este mismo sentido, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó que ya se están desarrollando planes con representantes del sector construcción para avanzar en un esquema de regularización eficaz de la mano de obra extranjera.
“Existe una gran voluntad de colaboración entre las partes”, aseguró Olivares durante su participación en el World Law Congress, evento que se celebra en la Universidad del Caribe.
El debate sobre la sostenibilidad del modelo de construcción actual y la necesidad de un relevo progresivo por mano de obra nacional sigue abierto, en un contexto donde el equilibrio entre legalidad migratoria y dinamismo económico se presenta como uno de los principales desafíos.
