RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, recientemente sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ha tenido respaldo por parte de entidades representativas del sector mediático y jurídico, destacándose como un intento de adecuar la legislación nacional a los retos de la era digital.
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), integrada por los principales medios impresos del país, valoró positivamente la propuesta, señalando que es el resultado de más de dos años de consultas con juristas, periodistas, representantes de la sociedad civil y la academia. Según la organización, el proyecto busca sustituir una normativa vigente desde 1962 con un nuevo marco que reconozca derechos fundamentales y adapte la regulación al ecosistema digital contemporáneo.
Entre los principios destacados por la SDD están la libertad de expresión sin censura previa, el derecho al acceso universal a internet, la protección a la labor periodística, y la equidad en el uso de los medios. La entidad expresó su confianza en que el Congreso enriquecerá la propuesta sin distorsionar su espíritu democrático.
Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también emitió su respaldo, subrayando que el proyecto posee claridad jurídica y se alinea con valores democráticos. Resaltó la precisión en el uso del lenguaje legal y la atención al equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos, como el honor y la intimidad, especialmente en el contexto digital y respecto a menores de edad.
Finjus también destacó que el proyecto incluye regulaciones sobre plataformas digitales, abordando su papel en la difusión de contenido, la protección de datos personales, y la lucha contra la desinformación, sin comprometer la apertura de estos espacios.
El presidente Luis Abinader remitió el proyecto al Senado el pasado 2 de mayo, enfatizando su propósito de crear un marco legal moderno que regule de manera integral la libertad de expresión, los medios tradicionales, las plataformas digitales y el acceso a la información pública. La propuesta también contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), como órgano regulador.
