RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestaron este viernes su respaldo a la iniciativa del senador Omar Fernández que busca endurecer las sanciones contra funcionarios públicos implicados en el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo penas de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La propuesta, presentada en el marco de un proyecto de ley en revisión, fue valorada por ambas entidades como una medida necesaria frente al incremento de la migración irregular y la participación de actores estatales en redes de tráfico humano, especialmente en la frontera con Haití.
Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, subrayó que el tráfico de personas constituye una grave amenaza para la soberanía nacional y representa una forma de corrupción que debe ser severamente castigada.
“Este tipo de conducta atenta directamente contra la integridad del país y debe ser considerada crimen de lesa patria”, afirmó.
En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que la actual legislación sobre trata y tráfico de personas resulta insuficiente, y consideró acertado modificarla para imponer sanciones ejemplares.
“No se puede permitir que servidores públicos se aprovechen de su posición para facilitar un delito que compromete la seguridad nacional”, puntualizó.
Tanto Gómez Ramírez como Castaños Guzmán coincidieron en que la iniciativa responde a una preocupación compartida por diversos sectores sociales, y expresaron confianza en que el Congreso acogerá favorablemente la propuesta del legislador de la Fuerza del Pueblo.
El proyecto, sometido inicialmente por el Poder Ejecutivo, fue reenviado a comisión para su análisis y posible inclusión de la modificación sugerida, que plantea una inhabilitación permanente como castigo adicional para los funcionarios involucrados.
