RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto de ley que establece penas de hasta 25 años de reclusión para quienes incurran en el tráfico ilícito de migrantes. La iniciativa busca fortalecer el marco legal contra este delito y ahora será remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
El pleno senatorial acogió de manera parcial una propuesta del legislador Omar Fernández, del partido Fuerza del Pueblo, que contempla la inhabilitación por hasta 20 años para ocupar cargos públicos a cualquier funcionario declarado culpable de trata o tráfico de migrantes. Esta medida se sumaría a la pena de prisión impuesta por el tribunal.
Durante su intervención, Fernández señaló que este tipo de crimen, cometido desde una posición dentro del Estado, representa una agresión directa contra la soberanía nacional y no debe permitir el regreso del infractor al servicio público.
El proyecto original, sometido por el Poder Ejecutivo, proponía una suspensión temporal de cinco años para una primera infracción y hasta diez años en caso de reincidencia. Sin embargo, la propuesta del senador por el Distrito Nacional endurece significativamente las consecuencias para funcionarios implicados.
La legislación forma parte de los esfuerzos del Congreso por combatir las redes que promueven la migración irregular en el país, en un contexto de creciente atención sobre la seguridad fronteriza y la protección de los derechos humanos.
