RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El tráfico ilegal de personas, en su mayoría haitianos, ha cobrado fuerza en los tribunales dominicanos tras el endurecimiento de las medidas migratorias implementadas por el Gobierno desde octubre de 2024. Según datos oficiales, 144 ciudadanos están siendo procesados judicialmente por introducir a 686 extranjeros indocumentados al país.
La Dirección General de Migración ha encabezado estos sometimientos, que se han multiplicado conforme se refuerzan los operativos de repatriación y control fronterizo.
Provincias fronterizas, foco del delito
Las provincias Independencia y Peravia son las más afectadas, con 20 y 19 casos respectivamente. A estas les siguen Barahona (10), Santo Domingo Este (9), La Altagracia (6), Bahoruco (5), San Juan y Azua (4 cada una), así como Pedernales, La Vega y nuevamente Santo Domingo Este (3 cada una). Puerto Plata y Santo Domingo Oeste presentan dos casos, mientras que Montecristi, Santiago, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís reportan un solo caso cada una.
De los acusados, 14 cumplen prisión preventiva, 42 tienen medidas de garantía económica y presentación periódica, 20 están impedidos de salir del país y 32 deben presentarse periódicamente ante las autoridades. Para otros 36 imputados, aún se espera la decisión judicial sobre las medidas de coerción.
Endurecimiento de la política migratoria
Entre los delitos más frecuentes se encuentran el tráfico ilegal de inmigrantes (80 casos), la falsificación de documentos (9) y la extorsión y estafa (3 en conjunto). Estas cifras reflejan la magnitud del problema en un contexto marcado por una creciente presión migratoria desde Haití.
Ambos países comparten una frontera de casi 400 kilómetros. En territorio dominicano residen cientos de miles de ciudadanos haitianos, muchos en condición migratoria irregular. En respuesta, el Gobierno dominicano ha intensificado sus controles con la construcción de una verja fronteriza, el uso de tecnología avanzada y el despliegue de tropas.
Además, ha adoptado medidas más severas, como la deportación de haitianos indocumentados incluso cuando acuden a centros de salud públicos, lo que ha generado críticas de organismos internacionales.
