RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Desde junio de 2024, los soldados kenianos desplegados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) patrullan las zonas más peligrosas de la capital haitiana, enfrentando a diario la violencia de las bandas armadas y las carencias logísticas que aquejan a la operación internacional. En medio de una crisis humanitaria que deja al país al borde del colapso, los militares denuncian abandono y desorganización dentro de la propia misión.
Mientras blindados recorren las calles polvorientas de Pétion-Ville, los kenianos avanzan hacia los sectores dominados por pandillas cerca del aeropuerto Toussaint Louverture. “Somos los únicos que realmente nos enfrentamos a los bandidos”, afirma un oficial bajo anonimato. Otros países del contingente –como Jamaica, Bahamas, El Salvador y Belice– se concentran en proteger edificios o asistir evacuaciones, dejando las operaciones de combate a las tropas kenianas.
Desde su llegada, al menos dos soldados de Kenia han muerto y varios resultaron heridos en enfrentamientos en Artibonite y durante emboscadas en 2024 y 2025. Además de la amenaza armada, los uniformados se enfrentan a condiciones laborales críticas: equipos averiados, falta de cobertura aérea, pagos irregulares y decisiones estratégicas cuestionadas. “Los criminales tienen mejores armas que nosotros”, lamenta un soldado.
La misión, auspiciada por la ONU, actúa en un contexto dominado por el control de bandas en cerca del 90 % de Puerto Príncipe, según cifras de la organización. Solo en 2024, más de 5,600 personas fueron asesinadas y más de un millón desplazadas. La Policía Nacional de Haití no da abasto y el sistema humanitario opera bajo mínimos.
El portavoz de la misión, Jack Mbaka, reconoció que la mayoría de las unidades realizan tareas de “seguridad estática”, mientras los soldados kenianos encaran la parte más peligrosa. “Mientras ellos deciden, nosotros ponemos los muertos”, dice otro oficial.
A esta situación se suma el colapso del sistema de salud. Solo el 37 % de los hospitales sigue operativo y organizaciones como Médicos Sin Fronteras se han visto obligadas a cerrar centros por la inseguridad. En marzo, bandas armadas atacaron el hospital universitario de Mirebalais, lo que obligó a su cierre temporal.
El Gobierno interino, encabezado por Fritz Alphonse Jean, ha respondido con un presupuesto de guerra y el despliegue de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP), criticada por su falta de legitimidad y denuncias por violaciones de derechos humanos. “La BSAP no es una fuerza oficial, es un grupo armado al servicio de políticos”, señaló el abogado Samuel Madistin, de la Fundación Je Klere.
