RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) se dispone a adjudicar, por la vía de excepción y bajo el argumento de una supuesta “emergencia sanitaria nacional”, un contrato de RD$2,652,966,847.96 a las empresas ADN Services Ltda. S.R.L. y Disposición Sanitaria Capital S.A. (DSC), mismas que han operado el servicio de recolección de residuos sólidos en la capital durante años.
La maniobra, fundamentada en el Decreto 213-25 firmado por el presidente Luis Abinader el 16 de abril de 2025, declara la contratación como una necesidad urgente; sin embargo, ni el Ministerio de Salud Pública, ni el COE, ni la propia Alcaldía emitieron alertas previas sobre una crisis sanitaria. La basura seguía siendo recolectada con normalidad y no se produjo ninguna notificación pública sobre riesgos epidemiológicos.
Decreto primero, justificación después.
El decreto presidencial se ampara en la Constitución (art. 61) y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, pero lo que llama la atención es que el informe técnico que supuestamente valida la “emergencia” fue emitido cinco días después, el 21 de abril. En dicho documento, la Unidad de Aseo Urbano del ADN menciona deterioros en los accesos al vertedero de Duquesa, lluvias y averías de camiones como razones que impedirían cambiar de proveedor, por lo que recomienda mantener el mismo esquema de contratación.
El informe reconoce que diariamente se recolectan unas 2,300 toneladas de desechos, de las cuales 1,100 corresponden a las empresas que ahora se busca contratar sin licitación. En lugar de plantear soluciones técnicas o intervenciones puntuales, se propone un contrato de tres años, a pesar de que la declaratoria de emergencia solo tiene una vigencia de 60 días.
Una licitación desechada y un proceso cerrado
El 25 de marzo, el ADN notificó al Ministerio de Medio Ambiente que tenía lista una licitación pública para el servicio, con pliegos redactados y procedimientos definidos. Sin embargo, la Alcaldía decidió no avanzar, alegando que el mal estado de los caminos hacia Duquesa impedía que otras empresas “serias” compitieran en igualdad de condiciones.
La respuesta del Ministerio, fechada el 27 de marzo, no declara emergencia alguna. Solo señala que el cierre técnico del vertedero podría extenderse por 5 o 6 años y que las obras viales están en desarrollo. En ningún momento se documentó un riesgo sanitario inminente ni se invocaron alertas sanitarias o epidemiológicas.
Según los documentos disponibles en el Portal de Compras, el proceso de excepción ya se encuentra cerrado, aunque aún no ha sido formalmente adjudicado. Si se mantiene el curso actual, el contrato se dividirá así:
- ADN Services Ltda. S.R.L.: circunscripciones 1 y 3, por RD$1,680,106,847.
- Disposición Sanitaria Capital S.A. (DSC): circunscripción 2, por RD$972,860,000.
Ambas empresas han operado en administraciones anteriores y son viejas conocidas del ADN.
¿Y los controles institucionales?
Hasta la fecha, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no ha emitido ninguna observación sobre el proceso. El decreto presidencial establece que la contratación debe ser electrónica y rendir informes posteriores, pero no garantiza control previo ni supervisión en tiempo real.
Esta operación —estructuralmente correcta en lo formal— carece de base técnica sólida y transparencia en su justificación, lo que pone en duda su legalidad material y su ética administrativa.
En el fondo, la acción del ADN refleja una resistencia al cambio y una dependencia de los mismos actores, bajo un esquema que recurre a una excepción legal para evitar la competencia. La licitación que finalmente fue publicada no fue la planeada originalmente: fue la versión adaptada a una narrativa de emergencia, con condiciones preestablecidas y nombres definidos.
