RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- La discusión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la posible implementación de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas al extranjero ha encendido las alarmas entre millones de migrantes que sostienen económicamente a sus familias en América Latina.
La medida, incluida en el controversial presupuesto federal impulsado por el expresidente Donald Trump, podría afectar a más de 40 millones de personas.
El proyecto, aun en etapa de discusión legislativa, impactaría particularmente a países como México, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde las remesas representan una parte significativa del producto interno bruto (PIB), superando en algunos casos el 25 %, según cifras del Banco Mundial.
Migrantes como María Lorenza Carrasco, hondureña con más de tres décadas residiendo en Florida, expresan su preocupación por las implicaciones directas en sus hogares de origen. Carrasco envía mensualmente 1,300 dólares a sus hijas y a un hermano enfermo de cáncer. “Yo me sacrifico para mandarles el dinero. No gano mucho. Imagínese ahora con ese impuesto”, declaró.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC) ha denunciado que la propuesta afectaría tanto a indocumentados como a personas con residencia legal y otros visados. La medida también generaría un aumento en el costo del envío: enviar 350 dólares a México podría pasar de costar 6 a 23.5 dólares, según estimaciones del BBVA México.
Organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre en Miami han solicitado a los gobiernos centroamericanos que tomen acciones diplomáticas. Su presidente, Juan Flores, instó a la mandataria hondureña, Xiomara Castro, a intervenir, citando que las remesas representan el 27 % del PIB hondureño y se espera que este año superen los 10,000 millones de dólares.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta como una violación al acuerdo bilateral de no doble tributación vigente desde 1994. El país recibió cerca de 65,000 millones de dólares en remesas durante 2024, lo que convierte a Estados Unidos en su principal fuente de estos recursos.
Mientras se acerca la fecha límite de julio para que el Congreso tenga la discusión para debatir sobre el paquete fiscal, muchos migrantes se sienten desprotegidos ante lo que consideran un golpe directo a su esfuerzo. “Nosotros no venimos a robar, venimos a trabajar duro y ayudar a nuestras familias”, dijo Dalila Gálvez, otra hondureña radicada en EE.UU. que envía 300 dólares mensuales a su familia.
El futuro de la medida sigue siendo incierto, pero la inquietud crece entre quienes dependen de este flujo constante de dinero, tanto en el país emisor como en las comunidades receptoras de toda América Latina.
