RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- Una jueza federal de distrito suspendió temporalmente la decisión del Gobierno de Donald Trump que prohibía a la Universidad de Harvard matricular nuevos estudiantes internacionales, tras una demanda que denuncia represalia política y violación constitucional. La resolución, emitida por Allison Burroughs, brinda un respiro legal a los más de 7,000 alumnos extranjeros que integran el 27 % de la matrícula total.
Jueza suspende medida que vetaba nuevas inscripciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), impidiendo nuevas admisiones y exigiendo a los estudiantes actuales transferirse o abandonar el país. La universidad se negó a entregar cinco años de registros disciplinarios de estudiantes internacionales, lo que desencadenó la medida federal. Harvard denunció que esta exigencia vulnera la privacidad y excede las competencias gubernamentales sobre una institución privada.
Universidad acusa represalia por no entregar datos estudiantiles.
La demanda presentada por Harvard acusa al Gobierno de intentar imponer controles ideológicos bajo amenaza de sanciones administrativas y financieras. Entre las presiones señaladas se incluyen auditorías políticas, reformas en las políticas de diversidad y revisión de planes de estudio. La jueza Burroughs también lleva otro caso clave: la congelación de US$2,650 millones en fondos federales asignados a Harvard, parte de una serie de acciones que, según expertos, buscan restringir su autonomía institucional.
Comunidad académica denuncia ataque a la autonomía institucional.
La reacción internacional y académica fue inmediata. La Casa Blanca defendió la medida afirmando que “matricular estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condicionó la restitución de la certificación a la entrega de los registros solicitados en 72 horas y acusó a Harvard de albergar “agitadores antiestadounidenses”. Organizaciones como la AAUP calificaron la decisión como un “asalto inconstitucional”, mientras que diplomáticos —como el embajador de Australia— advirtieron sobre el impacto global de la medida.
Estudiantes internacionales relataron su incertidumbre en medios y redes sociales. “Nos están usando como una ficha en un juego ideológico”, dijo un estudiante austríaco. Otro joven de Nueva Zelanda expresó que su sueño de estudiar en Harvard está en peligro.
Harvard respondió reafirmando su compromiso con una comunidad diversa y calificó la revocación como “ilegal, arbitraria y lesiva para la misión académica del país”. Aunque ha adoptado ajustes menores —como renombrar su oficina de diversidad y revisar normas sobre protestas estudiantiles— insiste en que muchas de las exigencias gubernamentales invaden su independencia.
Por ahora, la suspensión judicial detiene una ofensiva que amenaza con redefinir el equilibrio entre poder estatal y libertad académica en Estados Unidos. La disputa avanza hacia una batalla legal de fondo por la defensa de la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes internacionales.
