RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó este lunes una querella penal contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por presunta difamación e injuria. La acción legal incluye una demanda por daños y perjuicios valorada en 50 millones de pesos, argumentando afectación a su honor, imagen pública y estabilidad emocional.
La querella fue sometida a través del abogado Miguel E. Valerio y se fundamenta en la supuesta emisión reiterada de acusaciones falsas que vinculan a la funcionaria con el narcotráfico, así como en amenazas de difundir contenido íntimo sin su consentimiento.
Querella se apoya en videos difundidos en redes.
Según el documento, las declaraciones de Jorge habrían sido realizadas mediante transmisiones en vivo, programas televisivos y publicaciones en plataformas como Instagram y YouTube. La evidencia incluye al menos cuatro enlaces de videos donde se recogen los señalamientos.
El escrito indica que los comentarios no constituyen simples opiniones, sino imputaciones graves que atentan contra la integridad moral y profesional de la ministra.
Delitos tecnológicos y ataques persistentes
La acción judicial invoca los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, los cuales tipifican como delito la difusión de contenidos difamatorios y ofensivos por medios digitales.
El equipo legal de Raful sostiene que la conducta de Jorge fue deliberada, pública y persistente, y que en ningún momento ha mostrado remordimiento. Añade que los señalamientos afectan la dignidad personal y profesional de la querellante.
Proceso podría ampliarse con nuevas pruebas.
Además del resarcimiento económico, la querella solicita declarar admisible la acción penal, iniciar una investigación formal y presentar acusación contra la imputada. También reserva el derecho de aportar nuevas pruebas o cargos adicionales durante el proceso preparatorio.
Este caso se suma a otros procedimientos similares promovidos por Raful en defensa de su imagen frente a ataques mediáticos en el ámbito digital.
