RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El senador y empresario del transporte, Antonio Marte, propuso este martes al Gobierno dominicano implementar una moratoria de cinco años en la importación de vehículos como respuesta al crecimiento descontrolado del parque vehicular y sus consecuencias en la movilidad urbana y la infraestructura vial.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Tarde, Marte planteó que, además del congelamiento, se establezca un sistema de intercambio en el que cada nuevo vehículo importado sustituya a uno antiguo que debe ser retirado de circulación.
“La idea es que, por cada carro nuevo, se retire uno viejo de los más de seis millones que existen en el país”, explicó el legislador.
El senador señaló que el exceso de automóviles, motocicletas, camiones y autobuses ha sobrecargado las vías del país, especialmente en Santo Domingo y Santiago, donde los congestionamientos alcanzan niveles críticos.
A su juicio, la situación se ha agravado por las ferias de financiamiento, las importaciones masivas de vehículos usados y la falta de controles efectivos.
Respaldo parcial del Ejecutivo y obstáculos políticos
Aunque Marte afirma contar con respaldo del Poder Ejecutivo para formalizar su propuesta mediante un proyecto de ley, advirtió que la iniciativa solo sería viable si recibe el aval del presidente Luis Abinader.
También cuestionó los intereses políticos y comerciales que, según dijo, inciden en el Congreso y podrían obstaculizar la aprobación de una medida de este tipo.
“Aquí hay demasiado compromiso con bancos, dealers, importadores. Y mientras tanto, la población está atrapada en un caos vial que no da tregua”, expresó.
La propuesta llega en medio de un debate creciente sobre el futuro del transporte en el país y el impacto económico y ambiental del tránsito saturado.
Según datos recientes, República Dominicana supera los 6.2 millones de vehículos registrados, con un incremento sostenido en la última década.
Marte reconoció que la medida puede ser impopular en ciertos sectores, pero insistió en que es “necesaria para evitar un colapso total del sistema vial”.
Asimismo, hizo un llamado a revisar el sistema de matriculación, implementar mayores controles y adoptar un enfoque integral para garantizar la movilidad sostenible en el país.
La iniciativa genera opiniones divididas en sectores económicos, sociales y políticos, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre políticas públicas de transporte y planificación urbana.
