RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Al cumplirse dos años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el periodista y activista Fernando Quiroz advirtió que la normativa aún no ha generado acciones concretas en beneficio de esta población, pese a sus promesas legales.
Según Quiroz, quien coordina la Mesa de Diálogo por el Autismo, la ley permanece “viva solo en papel” debido a la ausencia de planificación, presupuesto y medidas institucionales que permitan cumplir con los compromisos establecidos. Subrayó que el reglamento de aplicación, requerido por la ley en un plazo de 120 días, fue aprobado con casi un año de retraso, mediante el decreto 403-24 del 24 de julio de 2024.
“La falta de ejecución es alarmante. Las familias siguen sin respuestas y los derechos de las personas con autismo se siguen postergando”, expresó a través de un comunicado.
Entre los principales incumplimientos, Quiroz señaló la carencia de programas públicos para el diagnóstico temprano, el estancamiento de iniciativas educativas inclusivas por parte del Ministerio de Educación, la falta de estrategias de inserción laboral y la inexistencia de datos estadísticos oficiales sobre la población con TEA.
La Ley 34-23 asigna obligaciones específicas a distintas entidades estatales. El Ministerio de Salud Pública, junto al CONADIS y el CAID, debe liderar procesos de diagnóstico y tratamiento; el Ministerio de Educación está llamado a garantizar el acceso inclusivo en las escuelas; mientras que el INFOTEP y el Ministerio de Trabajo tienen el mandato de generar oportunidades de formación técnica y empleo.
No obstante, Quiroz asegura que “no hay señales claras de que estos organismos estén cumpliendo su parte”. Criticó que a pesar de las múltiples exigencias de la sociedad civil, no se ha presentado un plan nacional, ni se ha activado un presupuesto para iniciar su implementación.
“El discurso de derechos no puede seguir siendo simbólico. Esta lucha no es por lástima, es por justicia”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que impulse una respuesta coordinada entre instituciones, con metas verificables y participación de las familias. “Las personas con autismo no pueden seguir esperando. Esta ley es un compromiso legal y moral que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir”, concluyó.
