RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de reforma fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo y posteriormente retirado tras fuertes críticas, buscaba la eliminación o reducción de exoneraciones fiscales históricas, entre ellas las que permiten a legisladores y organizaciones sin fines de lucro importar vehículos sin pagar impuestos. La iniciativa formaba parte de un plan más amplio para fortalecer la sostenibilidad fiscal y promover una mayor equidad tributaria.
Supresión de exenciones a legislativos
Uno de los puntos más destacados de la reforma era la derogación de la Ley 50-66, que desde hace casi seis décadas autoriza a senadores y diputados a importar un vehículo personal libre de impuestos y aranceles. Esta prerrogativa ha sido frecuentemente cuestionada por su carácter privilegiado y por el alto costo fiscal que representa para el Estado.
El texto establecía que este tipo de beneficios no cumple con su objetivo original ni responde a un interés público, por lo que debía eliminarse en el marco de una revisión integral del gasto tributario.
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Buscaba que las ONG también perdieran franquicias amplias.
El proyecto también limitaba significativamente el régimen de exenciones de las organizaciones sin fines de lucro. La actual Ley 122-05 exime a las ONG del pago de todos los tributos, incluyendo ITBIS, aranceles y otros impuestos indirectos, por su carácter no lucrativo.
Sin embargo, la reforma proponía que estas entidades solo se mantuvieran exentas del Impuesto sobre la Renta y de los tributos sobre donaciones y legados, eliminando su capacidad automática para importar bienes libres de impuestos, incluidos vehículos.
Planteaba cambios a incentivos de vehículos.
Otro componente que buscaba la propuesta era la modificación de los beneficios fiscales para vehículos eléctricos e híbridos contemplados en la Ley 103-13. Se planteaba sustituir la exención total vigente por una reducción del 50 % en aranceles, ITBIS, primera placa y tasa por emisiones de CO₂, válida por un período de cinco años a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Asimismo, se establecían nuevas condiciones para las exoneraciones con fines sociales, como las que se otorgan a personas con discapacidad. Estas continuarían vigentes, pero de forma más controlada: solo aplicaban a vehículos adaptados a sus necesidades y una sola vez cada diez años, sin acumulación de franquicias.
Objetivo: equidad fiscal y mayor recaudación.
Según la exposición de motivos, la propuesta buscaba responder a la necesidad de reducir el “gasto tributario” derivado de exenciones y exoneraciones que, en muchos casos, no generan beneficios comprobables para el país. El Ejecutivo argumentó que estos privilegios representan un sacrificio fiscal elevado y, en la práctica, benefician a grupos específicos sin cumplir un propósito económico o social.
El documento subrayaba la importancia de corregir las distorsiones en el sistema impositivo y avanzar hacia un modelo más justo, donde todos los contribuyentes aporten de acuerdo con su capacidad.
Aunque el proyecto fue retirado, el debate sobre la racionalización de los incentivos fiscales sigue sobre la mesa, como parte de los desafíos estructurales que enfrenta el sistema tributario dominicano.
