RDÉ DIGITAL, PUERTO RICO.- Partidos políticos y gremios legales de Puerto Rico rechazaron la decisión del Gobierno local de entregar datos personales de 6,000 inmigrantes a la agencia federal ICE. La información corresponde a extranjeros con licencias de conducir provisionales, emitidas bajo la Ley 97-2013.
La Ley garantiza confidencialidad a los migrantes que acceden a este documento. Sin embargo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) facilitó los datos a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) el pasado 29 de enero. La confirmación llegó esta semana a través del subdirector de HSI, Yariel Ramos.
La medida desató una ola de críticas. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sometió una propuesta legislativa para investigar el proceso. “El Gobierno de Puerto Rico se ha rendido ante las políticas trumpistas, sin la menor resistencia”, dijo la senadora María de Lourdes Santiago.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) calificó la acción como una “violación crasa” a la intimidad de miles de personas. Su coordinadora, Ana Irma Rivera Lassén, afirmó que el Gobierno traicionó la confianza de quienes actuaron de buena fe. Además, denunció que la colaboración resultó en arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales.
El Colegio de Abogados y Abogadas también criticó la entrega de datos. Su presidenta, Vivian Godineaux Villaronga, aseguró que las leyes estatales no obligan a colaborar con medidas migratorias impulsadas desde el Gobierno federal.
El exgobernador Alejandro García Padilla fue tajante: “Hay que ser una persona genuinamente malvada para entregar esa lista a quienes los van a buscar para deportarlos”.
Frente a las críticas, la gobernadora Jenniffer González defendió la decisión. Alegó que las leyes de inmigración federal son “mandatorias” y se aplican en Puerto Rico con igual fuerza que otras leyes federales. Aseguró que el DTOP cumplió con una orden oficial y que la administración “hizo lo que es requerido por ley, ni más ni menos”.
González reconoció las aportaciones de los inmigrantes a la economía local, pero reafirmó que no pueden escoger qué leyes cumplir y cuáles no.
Desde enero, las redadas en Puerto Rico han generado miedo en comunidades migrantes, principalmente entre dominicanos. Muchos han optado por no salir de sus hogares ni asistir al trabajo por temor a ser detenidos.
