RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó su rechazo al proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recientemente aprobado en primera lectura por el Senado.
A través de sus redes sociales, calificó la propuesta como “un gran disparate”, argumentando que no aporta soluciones reales al sistema judicial del país y que, por el contrario, podría generar complicaciones administrativas y un mayor gasto público.
“La creación del Ministerio de Justicia es un gran disparate. No resuelve nada, complica todo. Debilita al Ministerio Público, implica más gasto para el contribuyente y abre espacio para más botellas en un gobierno ya sobredimensionado”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X.
Domínguez Brito, quien también ha sido senador y aspirante presidencial, ha manifestado en ocasiones anteriores su oposición a la iniciativa, cuestionando su utilidad y necesidad.
Según ha sostenido, la propuesta representa una expansión innecesaria de la burocracia estatal y un riesgo para la coherencia del sistema judicial dominicano.
“Crear un Ministerio de Justicia solo para manejar Prisiones y el Inacif sería simplemente crear puestos públicos adicionales sin sentido”, afirmó.
Asimismo, criticó que esta medida aleja al país de su tradición jurídica. “Esto nos aleja aún más de la tradición jurídica de República Dominicana, logrando que el sistema sea un sistema de parches (…) un arroz con mango”.
Sobre el Ministerio de Justicia
El proyecto legislativo, impulsado por los senadores Cristóbal Castillo (Hato Mayor) y Félix Bautista (San Juan), propone una reorganización institucional.
Con esto buscan fortalecer el sistema judicial y establecer un marco normativo moderno.
De acuerdo con sus proponentes, la creación del Ministerio de Justicia permitiría una distribución más clara de funciones dentro del Estado.
Además, reforzaría el rol del Poder Ejecutivo en temas judiciales no relacionados con la persecución penal.
El debate sobre la conveniencia y alcances de esta nueva entidad continúa generando opiniones divididas en el ámbito político y jurídico. Aún resta la aprobación en segunda lectura y el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
