RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, advirtió que se debe continuar aplicando la ley de migración rechazando el chantaje y la extorsión porque el país se encuentra actualmente en un estado de necesidad y legítima defensa frente al agravamiento de la situación en Haití.
Asegura que la comunidad internacional ha dejado sola a la República Dominicana con el problema de Haití.
“Hay que continuar aplicando la ley en las repatriaciones y no se puede tampoco amilanar a nadie por los esfuerzos de denuncia, manifiesta y abiertamente infundadas”, proclamó.
El defensor de la nacionalidad proclamó que el país debe rechazar el chantaje y las extorsiones de que está siendo objeto con el tema haitiano y mantenerse firme con las medidas migratorias y la defensa del interés nacional.
El ex juez del Tribunal Constitucional plantea que la República Dominicana, tiene el derecho de aplicar sus políticas migratorias, las cuales están apegadas a la ley y los protocolos que la rigen.
“A nosotros particularmente, de verdad, nos sorprende mucho que el Vatican News, que es un medio de información oficial del Vaticano, haya producido unas declaraciones tomando en cuenta, inclusive de manera esencial, a una religiosa”, adujo.
Califica como falacia y mentira la narrativa de la publicación que atribuye al esfuerzo que hace la élite haitiana para desacreditar al país en el proceso de aplicación de su política migratoria.
“Esfuerzos que hacen malos los dominicanos aquí, que son corresponsables de entidades internacionales, de agencias y de ONGs internacionales que se benefician, de manera particular de esas entidades, y entonces buscan la forma de justificar su existencia, sobre la base de esas mentiras”, insistió.
Afirma que las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos de las grandes potencias están desinformados y hay una campaña puesta en práctica hace muchos años por Haití.
El jurista declara que hay una reserva en la Constitución de la República desde el año 2010 que establece que se debe crear una ley para que se disponga que solo dominicanos puedan adquirir tierras en esa franja estratégica.
Sin embargo, asegura que 15 años después de entrar en vigor esa disposición de la Carta Magna no se ha hecho por falta de conciencia y del significado que tiene ese mandato.
“Entonces, yo creo que eso es muy grave, eso es sumamente grave, porque en ese período hemos modificado dos veces la Constitución de la República y no hemos podido articular esa disposición legal”, enfatiza.
