RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, se pronunció a favor de que el distrito municipal Verón-Punta Cana reciba el 100 % de los arbitrios que genera, tal como dispone la Ley de Ordenamiento Territorial 368-22, la cual otorga a los distritos con más de 15 mil habitantes la facultad de administrar sus ingresos.
Mariotti señaló que, si bien la medida podría afectar el presupuesto del municipio cabecera de Higüey, es responsabilidad del gobierno central garantizar que esa localidad no quede desprovista de recursos esenciales.
“Verón merece lo que produce, y el Gobierno tiene que cumplirle a Higüey. La ley es clara”, expresó el dirigente político en su cuenta oficial de X.
El exsenador también criticó lo que calificó como un manejo político del conflicto por parte del Ejecutivo, asegurando que “el gobierno actúa a conveniencia” y no con base en lo que establece el marco legal.
“No puede resolverse con acuerdos improvisados ni favores políticos. Si hay una ley, hay que aplicarla”, afirmó.
La controversia surge a raíz del desmonte del acuerdo de 2013 entre los ayuntamientos de Higüey y Verón, que estipulaba una distribución igualitaria de los arbitrios generados en la zona turística.
La entrada en vigor de la Ley 368-22 deja sin efecto ese convenio, al reconocer a los distritos con suficiente población su autonomía fiscal y administrativa.
Mariotti advierte Gobierno debe actuar con equilibrio
Mariotti advirtió que el gobierno debe actuar con equilibrio y asumir la compensación presupuestaria necesaria para Higüey, tal como ha ocurrido en otros polos turísticos de alto crecimiento.
“Lo justo es que Verón reciba lo que le corresponde y que al mismo tiempo se le aumente la transferencia mensual a Higüey. Eso se resuelve con visión y voluntad política, no dividiendo comunidades”, sostuvo.
En ese contexto, sectores técnicos han sugerido incrementar en al menos RD$60 millones la subvención mensual al Ayuntamiento de Higüey, que actualmente percibe unos RD$43 millones, a fin de responder a la creciente demanda de servicios urbanos en su territorio.
Mariotti concluyó que se trata de un asunto técnico y legal que ha sido politizado innecesariamente.
“El gobierno no puede lavarse las manos. Verón tiene un derecho, y Higüey una necesidad. Ambas cosas se pueden resolver si se administra con justicia y se gobierna para todos”, puntualizó.
