RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Más de 3,200 funcionarios públicos, entre electos y salientes, violaron los plazos legales para entregar su declaración jurada de patrimonio. Así lo revela un informe remitido por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República el pasado 25 de abril de 2025, donde se detalla que 1,591 autoridades en funciones y 1,644 que cesaron en sus cargos no cumplieron con la Ley 311-14.
La omisión fue tan extendida que solo una advertencia formal a la procuradora Yeni Berenice Reynoso logró provocar una reacción… más de 16 meses después del cambio de mando municipal en abril de 2024.
El miedo a la Pepca y una reacción tardía
Tras enviar el expediente, la Cámara de Cuentas reportó una repentina “afluencia masiva” de funcionarios a sus oficinas. Aunque el organismo celebró un “exitoso operativo” de entrega de declaraciones juradas el 17 de junio, la nota institucional omitió un detalle clave: el operativo coincidió con la carta enviada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que alertaba de los incumplimientos.
Antes de esa comunicación, solo 19 funcionarios municipales habían cumplido de forma extemporánea. Luego de que la amenaza de un expediente penal comenzara a circular, decenas se apresuraron a entregar su documentación, dejando en evidencia que el cumplimiento no fue por compromiso con la transparencia, sino por temor a posibles sanciones legales.
El detalle de los incumplimientos
De acuerdo con los datos oficiales, al corte de abril de 2025, los incumplimientos se distribuyen de la siguiente forma:
- Electos en 2024:
- 47 de los 158 alcaldes
- 75 de los 158 vicealcaldes
- 572 de los 1,164 regidores
- 137 de los 235 directores municipales
- Los 235 subdirectores
- 525 de los 735 vocales
- Salientes en 2024:
- 83 alcaldes
- 124 vicealcaldes
- 769 regidores
- 129 directores municipales
- 539 vocales
Estas cifras confirman que, en la práctica, la Ley 311-14 ha sido sistemáticamente ignorada a nivel municipal, sin que se impongan sanciones reales, ni se hagan públicas suspensiones, inhabilitaciones o procesos disciplinarios.
Ni partidos ni instituciones aplican sanciones.
Llama la atención que ni los órganos de control interno ni los partidos políticos han tomado acciones concretas contra sus miembros en falta. La falta de consecuencias genera un ambiente de impunidad que debilita la credibilidad del sistema institucional y vulnera los principios de la administración pública.
En el Congreso, tampoco cumplen.
El problema no se limita al ámbito municipal. También en el Congreso Nacional hubo incumplimientos: 36 diputados no entregaron su declaración jurada a tiempo. Entre ellos figuran:
- 21 del Partido Revolucionario Moderno (PRM)
- 6 de la Fuerza del Pueblo
- 5 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
- Legisladores del Partido Demócrata Institucional, Demócrata Popular, Partido Humanista Dominicano y un diputado sin afiliación conocida.
A estos, la advertencia fue directa: “No hay salario sin declaración”, según lo dejó claro el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
¿De qué sirve la Ley 311-14?
A la luz de estos hechos, surge una interrogante inevitable: ¿de qué sirve una ley que no se cumple ni se hace cumplir? Cada nuevo ciclo electoral reproduce el mismo patrón: los funcionarios prometen transparencia, pero incumplen sistemáticamente su primer deber legal como servidores públicos.
Y cuando el órgano fiscalizador termina organizando operativos para “motivar” el cumplimiento con 10 meses de retraso, el mensaje que se transmite es el opuesto al que exige una administración pública ética y profesional.
Transparencia por convicción… o por temor.
La masiva omisión y el cumplimiento tardío, inducido por la amenaza de la Pepca, dejan claro que la rendición de cuentas en República Dominicana sigue siendo más un gesto de supervivencia que una muestra de integridad pública.
Mientras no se apliquen sanciones efectivas y ejemplares, y los partidos no asuman responsabilidad sobre sus representantes, la Ley 311-14 continuará siendo letra muerta, y la confianza ciudadana seguirá deteriorándose.
