RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) ha intensificado sus acciones de fiscalización durante el primer semestre de 2025, con la realización de 50 auditorías focalizadas en nóminas y 11 de alcance general en ayuntamientos y juntas distritales a nivel nacional.
El objetivo principal de estas auditorías es sanear y regularizar el personal de los gobiernos locales, en el marco de una estrategia nacional de transparencia y fortalecimiento del control preventivo.
El contralor general, Félix Santana García, explicó que estas revisiones incluyen la verificación de beneficios laborales, la aplicación de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la afiliación y cumplimiento con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), así como la legalidad de ayudas y donaciones otorgadas por las administraciones municipales.
Las auditorías forman parte de una iniciativa impulsada desde la Presidencia de la República, que también contempla auditorías especiales en áreas de alto riesgo y la contratación de firmas privadas para ampliar la cobertura de fiscalización en entidades descentralizadas.
Esta medida busca liberar al equipo técnico de la Contraloría para que se concentre en supervisar de forma directa las instituciones del Gobierno Central.
En ese sentido, se han ejecutado hasta ahora 31 auditorías en entidades centrales y se mantiene un plan de inspección activo en nueve instituciones clave, como parte de una política orientada a la detección temprana de debilidades y a la mejora de los procesos administrativos.
Seguimiento a recomendaciones y nuevas directrices
Santana también destacó que la CGR da seguimiento activo a las recomendaciones derivadas de auditorías previas, lo que ha permitido avances en áreas críticas como la limpieza de nóminas, la integración de plataformas digitales estatales y el fortalecimiento de controles internos en diversas instituciones públicas.
Una nueva circular administrativa emitida recientemente establece los protocolos para la contratación de firmas externas de auditoría, asegurando que estas cumplan con estándares técnicos y normativos, y que operen en coordinación con los equipos internos de la Contraloría.
La estrategia general busca asegurar un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos, particularmente en el ámbito municipal, donde históricamente se han identificado mayores desafíos en materia de control y rendición de cuentas.
