RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) advirtió este jueves que aplicará sanciones drásticas a los comercios que sean sorprendidos vendiendo los kits escolares que entrega el Gobierno a estudiantes del sistema educativo público, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, fue categórico al afirmar que se impondrán sanciones económicas y otras medidas que podrían incluir el cierre temporal de los negocios implicados en esta práctica ilegal.
“No solo impondremos la sanción más severa que establece la Ley 358-05, sino que se procederá a la suspensión temporal del establecimiento implicado en esta mala práctica comercial”, indicó Alcántara.
Explicó que la institución actuará en respuesta a una solicitud formal del Inabie, que expresó su preocupación por la presencia de estos útiles en el comercio, a pesar de que deben ser entregados gratuitamente a las familias más vulnerables del país.
Alcántara adelantó que se pondrá en marcha un cronograma de verificaciones a nivel nacional, con un equipo de inspectores que supervisará tanto negocios mayoristas como detallistas, con el fin de detectar y frenar esta irregularidad, que representa un atentado contra el interés público y el patrimonio estatal.
De su lado, el director del Inabie, Víctor Castro, explicó que los kits escolares incluyen mochilas, uniformes, cuadernos, lápices y otros materiales escolares, que son distribuidos directamente a las escuelas públicas y deben llegar sin costo a los estudiantes.
Castro advirtió que la venta de estos artículos identificados con el sello oficial de la institución será considerada una falta grave, que puede conllevar la cancelación de contratos con el Estado y la inhabilitación del proveedor ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Como parte del plan preventivo previo al inicio del año escolar 2025-2026, el Inabie comenzó la distribución de los kits escolares el pasado 23 de junio, abarcando más de 6,000 centros educativos públicos en todo el país.
