RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano destinó RD$597.8 millones para subsidiar los combustibles solo en junio de 2025, en medio del conflicto entre Irán e Israel que elevó los precios del petróleo. En lo que va de año, el gasto supera los RD$7 mil millones, lo que representa una pesada carga para las finanzas públicas.
DESARROLLO (Datos clave primero):
Durante las cuatro semanas de junio, el Estado realizó un “sacrificio fiscal” cercano a los RD$600 millones con el objetivo de mantener estables los precios de los hidrocarburos. Esta medida, que busca aliviar el impacto del mercado internacional en el consumidor local, se suma a los RD$7,000 millones desembolsados solo en los primeros seis meses de 2025.
Desde marzo de 2022, cuando se decidió congelar la mayoría de los precios ante la guerra entre Rusia y Ucrania, la política de subsidios ha costado al país más de RD$85,000 millones, según datos oficiales.
Detalle del gasto semanal en subsidios de junio:
- Del 31 de mayo al 6 de junio: RD$84.7 millones
- Del 7 al 13 de junio: RD$72.4 millones
- Del 14 al 20 de junio: RD$80.5 millones
- Del 21 al 27 de junio: RD$214.4 millones
- Del 28 de junio al 4 de julio: RD$145.8 millones
CONTEXTO Y ANÁLISIS:
El conflicto armado entre Irán e Israel provocó alteraciones en los mercados petroleros internacionales, lo que llevó al Ejecutivo dominicano a continuar aplicando subsidios para amortiguar los aumentos en los precios del crudo. No obstante, el costo fiscal de esta política ha encendido alertas sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Pese a la magnitud del gasto, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, introducida por el Gobierno en 2021, continúa sin ser debatida en el Congreso Nacional. Esta propuesta plantea una revisión integral de la fórmula de precios —que incluye impuestos específicos, márgenes de comercialización y costos logísticos—, los cuales, según distintos sectores, elevan de forma artificial el precio final al consumidor.
PROPUESTA DE CAMBIO:
La reforma también sugiere una reestructuración del esquema de subsidios, enfocando los apoyos estatales en los sectores más vulnerables y reduciendo el impacto sobre las finanzas públicas. De aprobarse, el nuevo modelo permitiría mantener los beneficios sociales sin comprometer la estabilidad fiscal del Estado.
