RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa que busca fortalecer el marco legal para el uso eficiente y transparente de los recursos estatales.
El proyecto, propuesto por el diputado Frank Ramírez, introduce cambios significativos a la actual Ley 340-06, al incluir por primera vez sanciones penales para los funcionarios públicos que violen las disposiciones sobre contratación estatal.
Con esta nueva legislación, que ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación final, se establece que los funcionarios y congresistas que firmen contratos con el Estado en calidad de proveedores podrían enfrentar penas de prisión que van de dos a cinco años.
A diferencia de la normativa vigente, que prohíbe a los funcionarios contratar con el Estado pero no contempla castigos penales específicos, la nueva ley introduce un régimen sancionador más estricto, que incluye consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales.
El objetivo central del proyecto es garantizar que los procesos de compras y contrataciones públicas se realicen con criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad, cerrando brechas que han permitido conflictos de interés y uso indebido de fondos públicos.
