RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley que obligaría a los agentes inmobiliarios a operar con licencia en el país es discutido desde 2023 en el Congreso Nacional, donde se plantea regular el sector mediante supervisión del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, con el objetivo de frenar fraudes, garantizar transparencia y proteger a los ciudadanos ante la falta de controles legales en las transacciones inmobiliarias.
Además, el proyecto establece multas de hasta 50 salarios mínimos.
También contempla la suspensión de operaciones por violaciones graves.
Actualmente, no existe una normativa específica que regule esta actividad.
Por ello, personas sin capacitación han incurrido en prácticas fraudulentas.
Riesgos actuales en el mercado inmobiliario
En ese contexto, los clientes enfrentan múltiples riesgos.
Entre ellos figuran estafas, falta de garantías legales y pérdida de ahorros.
Asimismo, se han detectado ofertas de propiedades sin títulos válidos.
También se reportan promesas falsas en proyectos inmobiliarios.
Por tanto, la regulación busca proteger a los consumidores.
De igual forma, pretende fortalecer la transparencia del sector.
Estado del proyecto de ley inmobiliaria
La propuesta plantea que los agentes estén regulados por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Esta supervisión se realizaría mediante un departamento especializado.
Según Alberto Bogaert, el proyecto está en discusión desde 2023.
El debate se mantiene tanto en el Congreso como en comisiones legislativas.
Sin embargo, aún no ha sido aprobado.
Entre los obstáculos figuran la baja prioridad y el desconocimiento del sector.
Licencia obligatoria y control de publicidad
De aprobarse, la ley exigirá licencias para promotores y desarrolladores.
En consecuencia, no podrán operar sin este requisito.
Además, se considerará publicidad engañosa cualquier información que induzca a error.
Esto incluye datos sobre precios, disponibilidad o condiciones de venta.
Asimismo, los agentes no podrán negociar inmuebles que no les pertenezcan.
Tampoco podrán usar fondos de clientes para fines distintos.
Sanciones y prohibiciones para intermediarios
El proyecto establece varias restricciones.
Por ejemplo, prohíbe simular ofertas para alterar precios.
También impide cobrar comisiones no pactadas por escrito.
Igualmente, limita la compra de inmuebles sin autorización del cliente.
En ese sentido, los agentes deberán actuar con transparencia.
Además, tendrán que advertir riesgos legales o financieros.
Multas y suspensión de licencias
Como sanción, la iniciativa contempla multas de hasta 50 salarios mínimos.
Además, prevé la suspensión de operaciones inmobiliarias.
En los casos más graves, se aplicará la inhabilitación por más de dos años.
Por tanto, los infractores perderían su autorización para ejercer.
Alcance de la normativa
Finalmente, la ley reconocerá todas las operaciones inmobiliarias formales.
Esto incluye ventas, alquileres y usufructos de bienes inmuebles.
También abarcará pagos, aportes e intercambios relacionados.
De esta manera, se busca garantizar mayor seguridad jurídica en el sector.
