RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La justicia independiente o independencia judicial establece una declaración explícita de que los jueces son autónomos o que el poder judicial en su conjunto es independiente, esta es una de las definiciones que se pueden visualizar al momento de ser buscado.
Y es que esto puede incluir la protección contra influencia externa en su toma de decisiones, sobre todo de otras ramas del gobierno.
En la República Dominicana se refiere a que los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes, pero verdaderamente, esta implementación no ha sido favorable al momento de hacerse los procesos de justicia que se ha percibido como más personal que una verdadera aplicación judicial.
Una de estas partes puntualizan que podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.
¿Pero qué tanto se ha cumplido esto en RD?
En marzo del pasado año Estados Unidos expresó sus dudas sobre la capacidad del sistema legal para procesar a los acusados de corrupción en República Dominicana, esto en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos alrededor del mundo.
“En los últimos años, el fiscal general procesó varios casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, aunque la mayoría aún no habían sido procesados en los tribunales y la capacidad del sistema legal para hacerlo con éxito seguía en duda”, resalta el informe.
Los casos conocidos como Antipulpo, Medusa, Coral y Calamar que se encuentran entre los más grandes expedientes, aún siguen en los tribunales, y sus imputados han gozado de la variación de las medidas de coerción. Casi todos lograron que de prisión preventiva se les cambiara a prisión domiciliaria y luego a presentación periódica, entrega de garantía económica e impedimento de salida del país.
Caso Antipulpo
Es el primer caso en ser enviado a juicio de fondo, en febrero del pasado año, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Deiby Timoteo Peguero fue quien dictó apertura
No todos los involucrados en este caso fueron enviados a juicio de fondo en la sentencia de la audiencia preliminar, ya que algunos encartados recibieron condenas de 5 años y juicio penal abreviado, a razón de que estos pactaron con el Ministerio Público.
El expediente incluye el delito de enriquecimiento ilícito por supuestamente tráfico de influencias entre los años 2012 y 2020, práctica ilegal que habría conllevado la sustracción de RD$4 mil 796 millones de los fondos públicos al obtener contratos millonarios espurios con diversas instituciones oficiales.
Coral
Otro caso enviado a juicio de fondo fue la Operación Coral, por la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en julio del pasado año.
El Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas), quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los encartados fueron arrestados en abril del 2021, en donde se realizaron 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Todavía se está a la espera de la continuación de este juicio.
Medusa
El Caso Medusa, que explotó en los medios de comunicación en junio del 2021, involucra a un total de 41 personas y 22 empresas, incluyendo al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
A los implicados se les acusa de formar parte de una red de corrupción, donde se manejó más de RD$6 mil millones en sobornos, en el período del 2016 al 2020.
Calamar
Otro gran caso de corrupción que quedó para el nuevo año entrante es el llamado Operación Calamar.
El pasado día 20 de diciembre la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, aplazó la audiencia de prórroga del plazo a la investigación por parte del Ministerio Público contra los implicados en el caso Calamar.
Esta decisión fue tomada luego de que una de las imputadas no pudo presentarse a la audiencia por alegadas cuestiones de salud.
El año terminó con la libertad condicional y garantía económica a uno de los imputados de este caso.
