RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, acusó al Gobierno de pretender establecer prácticas autoritarias y dictatoriales al aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia a semejanza de las peores prácticas de la era de Trujillo.
En ese sentido, anunció que elevará una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para invalidar este último atentado contra las más elementales libertades civiles públicas que ha intentado el presidente Abinader y el Gobierno del PRM, dijo el dirigente político.
Manifestó que la ley aprobada viola principios, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, consignados en la Constitución de la República y da un poder excesivo y discrecional a una institución que depende en su totalidad de la decisión política del presidente de la República.
“Es preocupante la actitud y comportamientos que estamos viendo desde hace tiempo en el presidente de la República, quien, por lo visto, no repara en nada para tratar de mantenerse en el poder bajo un discurso engañoso de una supuesta honestidad que no ejerce. Ahora piensa que, creando una ley, mediante la cual pueda espiar sin controles a los ciudadanos, a la prensa y a los partidos políticos, le permitirá tener un control omnímodo del país, pero se equivocó, pues en RD la democracia se respeta y siempre será protegida y defendida”, expresó Mariotti en la rueda de prensa desarrollada la tarde de este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.
En el encuentro con la representación de los medios de comunicación, también participaron los miembros del Comité Político, Francisco Domínguez Brito y José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD.
Allí reunidos indicaron que la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad, intimidad y honor personal, secreto profesional y de las comunicaciones, libertad de expresión e información, informaciones confidenciales sobre cuentas bancarias, derecho al buen nombre e imagen de la persona, entre otros, además de que dicha ley violó el procedimiento constitucional legislativo, al no ser tramitada y aprobada como ley orgánica.
Esta ley, a la cual calificaron de antidemocrática, permite imponer medidas de coerción de hasta prisión, a los ciudadanos que no colaboren con el Gobierno en las labores que la DNI le requiera, lo cual es sencillamente inadmisible en un Estado de derecho.
