RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El reciente anuncio sobre la aprobación de 36 proyectos de inversión pública en enero, marcando un hito en la historia del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), podría parecer un motivo de celebración a primera vista. Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad menos optimista.
A pesar del aparente aumento en la cantidad de proyectos aprobados, se debe cuestionar la efectividad y el impacto real de estas inversiones en el bienestar y desarrollo del país. Si bien el costo total de los proyectos aprobados ascendió a RD$15,906.5 millones, lo cual representa un aumento significativo respecto al año anterior, no se ha proporcionado información suficiente sobre la distribución y ejecución efectiva de estos fondos.
Es importante señalar que el 86.1% de los proyectos aprobados en enero pertenecen al sector transporte, lo que plantea interrogantes sobre la diversificación de las inversiones y su capacidad para abordar las necesidades prioritarias de la población dominicana. Aunque se destinaron fondos considerables a proyectos de salud, con RD$6,533.3 millones asignados, sigue siendo incierto si estos recursos se utilizarán de manera eficiente para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad.
Además, aunque se destaca que Sánchez Ramírez fue la provincia con la mayor cantidad de proyectos aprobados en enero, seguida de San José de Ocoa, no se proporciona información detallada sobre la naturaleza y el alcance de estos proyectos. Sin una comprensión clara de cómo se beneficiarán las comunidades locales, es difícil evaluar el impacto positivo de estas inversiones.
El análisis del informe “DatoSNIP” también revela una concentración preocupante en el sector transporte en el acumulado del año. A pesar de que el 62.2% de los proyectos aprobados entre enero y diciembre corresponden al sector educación, la mayor parte del monto total aprobado se destina al transporte, con RD$125,498.7 millones asignados. Esto plantea dudas sobre las prioridades del gobierno y su enfoque en áreas críticas como la educación y la salud.
Además, la distribución geográfica de los proyectos aprobados parece desequilibrada, con un énfasis excesivo en provincias específicas como Santo Domingo, Santiago, Monte Plata y Duarte. Esto plantea preocupaciones sobre la equidad en la asignación de recursos y si las comunidades menos desarrolladas están recibiendo la atención y el apoyo necesarios.
En resumen, si bien el aumento en la aprobación de proyectos de inversión pública puede parecer alentador a primera vista, es fundamental realizar un análisis crítico y exhaustivo para evaluar su impacto real en el desarrollo sostenible y el bienestar de la población dominicana. La falta de transparencia y detalles sobre la ejecución y distribución de estos fondos plantea serias dudas sobre su eficacia y capacidad para abordar los desafíos más apremiantes del país.
