RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– En el Congreso Nacional reposan cinco proyectos de ley que serán estudiados a partir del 27 de febrero próximo con los cuales se busca derogar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
Los cinco proyectos fueron depositados desde que se creó la Ley 1-24, la cual ha recibido el rechazo de distintos sectores de la sociedad dominicana al considerarla inconstitucional, entre estas la Sociedad Dominicana de Diarios y el Colegio Dominicano de Periodistas.
Las piezas han sido propuestas por legisladores de la oposición quienes proponen cambios en varios artículos o cambiarla por completo.
Cuatro de los proyectos se encuentran en el Senado, y uno fue depositado en la Cámara de Diputados.
Los diputados Elpidio Báez y Luis Henríquez depositaron el primer proyecto, y ambos propusieron que se derogue por completo mediante otra iniciativa que elimine la actual.
Esta propuesta sólo cuenta con dos artículos: el primero dispone que la ley de la DNI quede derogada en todas sus partes y el segundo ordena que se mantenga vigente la ley no. 857, promulgada en el año 1978, que establece que el DNI esté bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
El Sistema Legislativo del Senado registra cuatro proyectos de ley. Dos de estos son autoría de los senadores Dionis Sánchez y Ramón Rogelio Genao. En sus propuestas, buscan eliminar el artículo 11 de la ley de la DNI, que obliga a todos los ciudadanos a entregar cualquier información a la nueva institución sin la orden de un juez.
En el Senado la intención es distinta. Aunque los proponentes de los proyectos están en contra de algunos aspectos conferidos a la nueva DNI, sugieren que la ley sea modificada en varios artículos, pero no derogada.
Alegatos
En esencia, las piezas congresuales citan por lo menos cuatro artículos de la Constitución que protegen los derechos a la intimidad y al honor de todos los dominicanos, por lo que los proponentes alegan que la legislación actual vulnera las garantías de los ciudadanos.
Dentro de los argumentos expuestos, los proyectos explican que el artículo 372 del Código Procesal Penal dispone que la reserva de identidad de un investigador debe ser autorizada por un tribunal competente.
Además, los diputados que se oponen a la ley de la DNI aducen que la aprobación de la normativa en el Congreso estuvo “amañada” ya que el proceso para el estudio y la sanción de la pieza no cumplió con el proceso congresual adecuado.
“Las modificaciones al proyecto en discusión deben darse con la debida y total publicidad por el moderador para el pleno conocimiento de la votación de los diputados presentes”, sostiene el proyecto depositado en la Cámara de Diputados.
