RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha declarado que es inaplazable prestar atención al sistema penitenciario de la República Dominicana, señalando que muchos reclusos carecen de atención que garantice sus derechos, convirtiendo las cárceles en focos de crímenes y delitos.
Ulloa enfatizó la urgencia de abordar la situación actual de las cárceles dominicanas, que se encuentran sobrepobladas, dificultando la atención con garantía de derechos para los internos.
“Ya no podemos permitir que las cárceles sean laboratorios de delitos bajo la supervisión de las autoridades, permitiendo que los delincuentes continúen operando debido a la falta de atención y condiciones adecuadas en los recintos”, expresó Ulloa.
Al presentar el estudio cualitativo sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios dominicanos, que recoge la percepción de los internos, el Defensor del Pueblo reveló que el 30% de la población penitenciaria sufre algún problema de salud.
El informe detalla que el 30% de los reclusos enfrenta problemas cardíacos, enfermedades oculares y de células falciformes, mientras que el 20% experimenta problemas de salud mental. Asimismo, se destaca que el 10% sufre de enfermedades renales, el 8% de diabetes, el 5% de tuberculosis y el 3% de VIH. De manera alarmante, la mitad de la población penitenciaria no recibe atención médica.
Ulloa, al presentar el estudio respaldado por la Defensa Pública y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, reconoció la apertura y el interés de esta última en agilizar mejoras en los recintos penitenciarios del país.
El evento contó con la presencia del director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, y otros destacados representantes del ámbito de los derechos humanos y la antropología.
Este estudio, el primero de cinco que presentará la institución, destaca la necesidad apremiante de abordar los problemas de salud y condiciones en el sistema penitenciario, enfocándose en garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población carcelaria.
