RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La empresa de telecomunicaciones Starlink ha captado la atención de la opinión pública debido a la inusual inversión de al menos 168,000 pesos dominicanos mensuales en servicios estándares. Sorprendentemente, se descubrió que en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, en el pasado mes de febrero, fueron confiscadas al menos 12 parábolas de esta prestigiosa compañía.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre cómo los privados de libertad logran acceder a estos costosos dispositivos y cómo financian los gastos asociados desde el interior de la prisión. Esta problemática plantea preguntas cruciales sobre la seguridad ciudadana, destacando la posibilidad de que estos medios tecnológicos sean utilizados para coordinar operaciones delictivas a lo largo y ancho del país.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, arroja luz sobre este asunto, señalando la falta de voluntad política como la raíz del persistente problema del uso clandestino de dispositivos de comunicación en cárceles dominicanas. En declaraciones recientes, Ulloa enfatiza que este tema debe ser regulado como en otros países, proponiendo el bloqueo de señales y la asignación de recursos para instaurar teléfonos fijos en las cárceles, una práctica común en el ámbito internacional.
Para Ulloa, la situación en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria es más que un problema local; es una cuestión de seguridad nacional que requiere atención inmediata. Además, aboga por la permanente desactivación de esta prisión, proponiendo que se utilice Las Parras en su lugar.
El ómbudsman describe La Victoria como un “laboratorio criminal”, alimentando el negocio del delito de forma remota. Plantea la necesidad de estructuras exclusivas para los privados preventivos, representando el 60% de la población carcelaria, con el objetivo de dignificar sus condiciones y reducir actividades ilícitas dentro de las cárceles.
Ulloa critica la falta de autonomía de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, abogando por su independencia financiera para atender las numerosas dificultades que enfrenta la población penitenciaria, que actualmente asciende a cerca de 26,000 personas según las últimas estadísticas.
En este sentido, el defensor del pueblo destaca la importancia de otorgar independencia financiera tanto a la Dirección General de Prisiones como al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), considerando esencial operar de manera independiente con presupuestos propios para mejorar las condiciones y derechos de los presidiarios.
Este sorprendente descubrimiento plantea preguntas cruciales sobre la seguridad en las cárceles dominicanas y destaca la necesidad de medidas urgentes para abordar esta problemática en beneficio de la sociedad en su conjunto.
