RDE DIGITAL, SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público, la Universidad de la Tercera Edad -UTE-y la Fundación Mujeres por la Educación-FUNMUJER-, firmaron un acuerdo interinstitucional a través del cual se impartirán carreras profesionales y técnicas a los internos del Sistema Penitenciario en la República Dominicana.
Estas entidades tienen por objeto realizar las coordinaciones de lugar que permitan impartir a los internos las carreras de Psicología, mención Organizacional, Administración de Empresas, Mercadeo y Contabilidad. Estas clases serán impartidas en la etapa inicial del acuerdo que se firmó por tres años.
El acuerdo fue rubricado por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República; por Altagracia Núñez Batista, rectora de la UTE y Peggy Cabral Vda. Peña Gómez, presidenta de (Funmujer), en la sede de la Procuraduría General de la República.
Al referirse a esta labor conjunta, Germán Brito destacó la importancia de brindar las herramientas necesarias para una reinserción satisfactoria de los privados de libertad en la sociedad dominicana.
La titular del Ministerio Público señaló que este tipo de formación es fundamental para lograr que los privados de libertad, puedan percibir el valor que poseen como profesionales y que así mismo sean valorados por la sociedad.
Por su parte, Núñez Batista destacó el compromiso de la UTE, para lograr la formación de los privados de libertad y con ello contribuir a un trato digno por parte de la sociedad dominicana.
Cabral Vda. Peña Gómez, en su papel como presidenta de Funmujer, señaló la prioridad que constituye esta labor para la fundación que encabeza, mediante la cual procuran una nueva oportunidad y un cambio de vida para las personas privadas de libertad.
Para alcanzar el objetivo establecido en este convenio interinstitucional, el Ministerio Público se ha comprometido a lograr que los internos realicen el pago de la inscripción y la reinscripción a un costo simbólico de un peso dominicano, a tomar las medidas de precaución necesarias a los fines de salvaguardar la integridad física de los facilitadores que estén impartiendo docencia en los recintos carcelarios, así como también en el caso de la aparición de cualquier brote de enfermedades infectocontagiosas que se puedan presentar en los referidos recintos.
El Ministerio Público se encargará de seleccionar a aquellos internos que deseen cursar una carrera de grado, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por la UTE.
El órgano persecutor también tiene el compromiso de facilitar el acceso de la población universitaria a los centros de corrección y rehabilitación a nivel nacional, para que realicen trabajos de campo, investigaciones académicas y recorridos programados en sus instalaciones, siempre bajo la previa autorización de Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP).
El Ministerio Público pondrá a disposición de la Universidad, su cuerpo de profesores para impartir charlas y seminarios sobre los diferentes temas del Nuevo Modelo Penitenciario a su población universitaria, así como para consultas de los estudiantes en sus prácticas y trabajos de investigación.
Entre las responsabilidades adquiridas, la UTE se ha comprometido a cubrir los costos de matriculación, a fomentará el espíritu de investigación en la población estudiantil de término de las diversas áreas del saber, a los fines de que elaboren su tesis de Grado y Post Grado, seleccionando temas relacionados con los asuntos penitenciarios.
El centro de estudios superiores promoverá entre sus facilitadores, participantes y empleados la donación de material bibliográfico para las bibliotecas de los centros de corrección y rehabilitación y facilitará sus instalaciones para actividades educativas que sean organizadas por DGSPC, siempre que su programación lo permita.
Mediante el acuerdo, la UTE y Funmujer promoverán el desarrollo de actividades conjuntas con el Ministerio Público, a los fines de educar a su población de participantes sobre las particularidades y el nuevo concepto de Nuevo Modelo Penitenciario con el objetivo de cambiar la cultura penológica de la población en formación profesional.
Este acuerdo de colaboración tendrá una duración de tres años. Vencido este plazo, si ninguna de las partes ha notificado su deseo de no formar parte de este, se entenderá que su vigencia se renueva tácticamente por el mismo tiempo.
