RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Cuando se cometen irregularidades en los procesos mediante los cuales resulten adjudicadas y contratadas, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) tiene la autoridad de inhabilitar a empresas (empresas), pero no a personas naturales (propietarios o accionistas).
El director general de la institución, Carlos Pimentel, confirmó que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas establece esta restricción.
“Lamentablemente es así”, dijo Pimentel al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión, cuando se le preguntó si los propietarios de empresas que hayan violentado los procedimientos pueden crear una nueva empresa y concursar en otras licitaciones de instituciones del Estado.
Pimentel explicó que la DGCP puede inhabilitar a los funcionarios públicos designados o electos que tienen participación en empresas suplidoras del Estado, ya que la ley les permite hacerlo.
Según él, la DGCP ha instruido a los comités de licitaciones de las instituciones del Estado sobre la importancia de conocer la vinculación o propietarios de las empresas que participan en los procesos para que puedan determinar si eran dueños de otras empresas que fueron inhabilitadas por irregularidades.
El oficial recordó que durante esta administración, la DGCP ha anulado la condición de proveedor del Estado a al menos 400 empresas, de las cuales aproximadamente 40 han sido inhabilitadas definitivamente debido a irregularidades como la presentación de documentos falsos, atribuciones incorrectas y otras irregularidades.
No obstante, estas autorizaciones se limitan a las empresas, no a sus dueños, quienes pueden continuar sirviendo al Estado a través de otras empresas o establecer una nueva con los mismos propósitos.
