RDÉ DIGITAL, FRANCIA (EFE).- En 2022, solo el 36,3% de los ciudadanos en Latinoamérica y el Caribe tenían confianza en sus gobiernos, una cifra significativamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables variaciones por países, y que ha disminuido desde 2008.
En el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3,9 puntos porcentuales entre esos dos años.
La región se encuentra claramente en una situación peor que en la OCDE, donde el porcentaje de la población que confía en su gobierno fue del 47,5% en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.
Sin embargo, la situación actual y el desarrollo no tienen mucho en común entre los países latinoamericanos.
En primer lugar, durante los años analizados en el estudio, la confianza ha disminuido significativamente en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30 %), Ecuador (30 puntos porcentuales, al 21 %), Chile (12 puntos porcentuales, al 39 %) y Bolivia (11 puntos porcentuales, al 33 %).
En Uruguay (7 puntos al 52 %) y en la República Dominicana (2 puntos al 52 %) también ha habido una disminución, pero de manera mucho más moderada y a niveles más que honorables.
En Costa Rica, la evolución ha sido evidentemente favorable, con una mejora de 24 puntos porcentuales entre 2008 y 2022, cuando el 60 % de los encuestados afirmaba confiar en su Gobierno, lo que representa la cifra más alta de todos los países analizados. México ocupó el segundo lugar con un 53 % de confianza, lo que representa 12 puntos más que hace 14 años.
El 75,5 % se encuentra en situación de corrupción generalizada.
Uno de los factores que influyen en la confianza es la creencia de que la corrupción está extendida en los gobiernos, una creencia que comparten el 75,5 % de los latinoamericanos consultados en 2023, un aumento ligero en comparación con el 74,7 % de 2013 y, sobre todo, mucho más alta que la media de la OCDE (53,6 %).
En la región, la percepción de una corrupción generalizada es predominante en Perú (90 %), Panamá (86 %), Ecuador (84 %), Colombia (83 %), Guatemala (80 %), Argentina (80 %) y Bolivia (80 %) respectivamente.
Además de la disminución de la confianza, los autores del informe destacan varias dificultades que enfrentan las democracias latinoamericanas, como la desigualdad, la informalidad y la falta de espacio fiscal para enfrentar problemas importantes como el cambio climático y otras problemáticas ambientales.
En cuanto a la desigualdad, hacen notar que ha aumentado con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos de la parte baja de la escala social, probablemente debido a los aumentos de precios en bienes básicos como los alimentos y la energía, que son una mayor parte del gasto de los más pobres.
Con un 32% de personas en pobreza y un 13,1 % en pobreza extrema, las tasas de pobreza en la región en 2022 estaban por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
Antes del aumento de la inflación en los últimos dos años, la desigualdad en Latinoamérica se había reducido a 44,6 puntos en una escala de 0 a 100, mientras que en 2008 se encontraba en 48,1.
En cualquier caso, fue significativamente superior a la media de la OCDE de 33,2 puntos en 2021.
Los autores del estudio notan que la región ha avanzado en varias áreas, como la implementación de normas de integridad pública, mecanismos de participación y la resolución de las brechas de género en la administración pública.
