RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La juez interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, designada como juez control del expediente Calamar, presidirá este lunes la primera audiencia después de un año y seis días desde que se impusiera la medida de coerción de prisión preventiva a varios de los imputados en este caso.
El proceso comenzó el 18 de marzo de 2023, cuando la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción, impuso prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, y prisión domiciliaria a Gonzalo Castillo. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha presentado acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los imputados.
Los fiscales buscarán nuevamente obtener una prórroga para presentar la acusación, después de que el plazo de cuatro meses otorgado por el Código Procesal Penal haya expirado sin que se haya presentado dicha acusación. Especialistas indican que la magistrada Potentini podría intimar al Ministerio Público para que presente la acusación en un plazo de 15 días.
Sobre el caso Calamar
El caso Calamar fue declarado complejo y los implicados se encuentran cumpliendo diferentes tipos de medidas de coerción. Entre las medidas contempladas en el plan de gestión se encuentra la instalación de un campamento permanente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la cárcel de La Victoria, el traslado de internos y la instalación de una unidad de atención multidisciplinaria.
La recusación emitida por el Ministerio Público en contra de la jueza Ana Lee Florimón ha generado controversia, siendo acogida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El Ministerio Público ha argumentado que la jueza actuó con discrecionalidad excesiva y de forma censurable en el caso Calamar.
Caso aplazado
En el mismo orden, la jueza programó la emisión del fallo respecto a la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para depositar el expediente acusatorio contra los imputados en la Operación Calamar para el día 9 de febrero a las 9:00 de la mañana.
En esa audiencia, la magistrada conoció el pedimento de extensión de plazo de cuatro meses hecho por el órgano persecutor en una audiencia celebrada el día de hoy. La procuradora fiscal Rosa Alba García explicó que la solicitud de prórroga se basó en la complejidad del caso, señalando la necesidad de esperar los resultados de auditorías especiales realizadas por la Cámara de Cuentas y otras naciones.
El proceso judicial, que comenzó en el período enero-julio de 2020, ha sido marcado por una serie de demoras, lo que ha prolongado la incertidumbre y la falta de cierre para todas las partes involucradas. Inicialmente programada para ser atendida el lunes 21 de marzo del 2023, la audiencia ha sido pospuesta múltiples veces desde entonces.
La más reciente fecha programada para emitir un fallo sobre la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público fue fijada para el día 18 de marzo del año en curso, pero aún se está a la espera de una resolución definitiva por parte de Florimón.
Imputaciones
En el expediente Calamar, el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020), entre otros. En total, se acusa a 20 personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha advertido al Ministerio Público sobre la posibilidad de incurrir en una violación constitucional si pretende incluir hechos nuevos en el expediente. Pedro Balbuena, vocero del equipo legal, señaló que la investigación debe limitarse a los hechos señalados en la medida de coerción, conforme a los principios de congruencia jurídica.
Balbuena expresó su oposición a la petición del Ministerio Público de ampliar el plazo para la presentación de la acusación, argumentando que la investigación lleva casi tres años y no debe permitirse una acusación basada en mentiras y falsedades.
Los abogados de Peralta insisten en la exclusión definitiva de su cliente del caso, alegando que no tiene ninguna responsabilidad en los supuestos hechos imputados.
