RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano ha experimentado un significativo aumento en su partida de gastos destinada a cubrir las pensiones de los trabajadores del Estado en los últimos años, según revela el informe de ejecución de gastos del Estado elaborado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Desde el año 2020 hasta la fecha actual, esta partida ha incrementado en un 63.3%, lo que equivale a un aumento absoluto de al menos RD$28,500 millones.
En el año 2020, se asignaron RD$45,032 millones para el renglón de «Edad avanzada, pensiones (por edad e incapacidad)», mientras que para este año la partida presupuestada es de RD$73,577.3 millones, reflejando el mencionado aumento del 63.3% en el último cuatrienio.
Durante el pasado año, el gasto del Gobierno en pensiones para los servidores públicos retirados alcanzó los RD$67,551.5 millones, lo que sugiere un aumento proyectado para este año del 8.9%.
Este incremento en los gastos en pensiones del Estado no solo se debe al proceso regular de empleados que alcanzan la edad de retiro, sino también a los incrementos que el presidente Luis Abinader ha dispuesto para las pensiones vigentes. Por ejemplo, la pensión mínima en 2020 era de RD$8,000 mensuales y ha sido aumentada a RD$10,000. Asimismo, se han incrementado las pensiones de los retirados del Estado en áreas como la Policía, Fuerzas Armadas, sector salud, educación y otros.
La Ley 379-81 sobre pensiones y jubilaciones del Estado establece diferentes tipos de pensiones, como las otorgadas por edad avanzada, años de servicio, discapacidad, así como «pensiones especiales» y «pensiones solidarias», las cuales pueden ser concedidas por el Presidente de la República mediante decreto, según esta normativa.
Este aumento en la partida de gastos para pensiones refleja la importancia que el Gobierno dominicano otorga a la protección y bienestar de los trabajadores del Estado una vez finalizada su vida laboral activa. Sin embargo, es necesario analizar de manera detallada la sostenibilidad de estos incrementos a largo plazo y su impacto en las finanzas públicas, así como evaluar la eficiencia en la gestión y distribución de estos recursos destinados a las pensiones.
