RED DIGITAL, NUEVA YORK.- La Fiscal General Letitia James y el congresista Adriano Espaillat emitieron hoy una alerta al consumidor dirigida a los neoyorquinos, especialmente a la comunidad dominicana, sobre estafas en el sector de bienes raíces. Esta advertencia cobra importancia en medio de investigaciones en curso sobre numerosos casos de fraudes que han afectado a consumidores en toda la ciudad.
La alerta surge tras las acusaciones recientes en la República Dominicana contra Emmanuel Rivera Ledesma, quien defraudó a aproximadamente 150 personas, incluyendo a 24 neoyorquinos, a través de su empresa InDisArq. Las víctimas fueron atraídas por ofertas de propiedades que resultaron ser inexistentes o vendidas a múltiples compradores. Rivera Ledesma apuntó específicamente a la comunidad dominicana en Estados Unidos con anuncios engañosos y logró recaudar millones de dólares en depósitos.
La fiscal James, respaldada por el congresista Espaillat, insta a los residentes a ser cautelosos al invertir en bienes raíces, especialmente fuera de los Estados Unidos. Las recomendaciones de la Oficina de la Fiscalía General incluyen realizar verificaciones exhaustivas, inspeccionar personalmente las propiedades y buscar asesoramiento legal antes de realizar inversiones.
Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la fiscal James en proteger a los consumidores y asegurar justicia para las víctimas de fraudes inmobiliarios. Aquellos que hayan sido víctimas de estafas o sospechen de actividades fraudulentas pueden contactar la Oficina de Fraudes al Consumidor de la Fiscalía General para denunciar y recibir asistencia.
El congresista Espaillat comentó: «Como servidores públicos, trabajamos incansablemente para evitar que los residentes sean víctimas de estafas y otras prácticas fraudulentas. Tan pronto como tuvimos conocimiento de las acciones indebidas de Rivera Ledesma a través de InDisArq, tomamos medidas inmediatas».
Las autoridades dominicanas alegan que Rivera Ledesma llevó a cabo un esquema de fraude utilizando diversas empresas, incluyendo InDisArq, ofreciendo inversiones inmobiliarias en Santo Domingo principalmente a dominicanos en Estados Unidos. El caso involucra propiedades que no tenía derecho a construir o que fueron vendidas a múltiples compradores, resultando en pérdidas significativas para las víctimas.
