RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La administración de Joe Biden se encuentra en una fase de análisis profundo sobre la posibilidad de otorgar estatus legal y permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y que están casados con ciudadanos estadounidenses, una medida que podría tener un impacto significativo en la dinámica migratoria y la política nacional.
De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal (WSJ), este movimiento ha sido objeto de discusiones intensas dentro de la Casa Blanca desde el verano pasado, con el objetivo de brindar apoyo a las familias de estatus mixto, donde uno de los cónyuges y los hijos son ciudadanos estadounidenses.
Según estimaciones de Fwd.us, una organización de defensa de la reforma de la inmigración, alrededor de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses podrían beneficiarse de esta medida. Las razones que actualmente les impiden obtener tarjetas de residencia o green cards son diversas, como haber ingresado ilegalmente al país en más de una ocasión o haber utilizado documentación legal falsa.
En este contexto, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de utilizar una herramienta de inmigración conocida como «parole in place», la cual ya existe en una escala menor para cónyuges indocumentados de veteranos militares. Esta medida permitiría que muchos de estos cónyuges sean elegibles no solo para permisos de trabajo, sino también para iniciar un camino hacia la ciudadanía al superar los obstáculos administrativos actuales.
La propuesta ha generado opiniones divididas en el ámbito político, especialmente entre los republicanos, quienes consideran que estas acciones administrativas van en contra de la ley de inmigración y priorizan a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. El representante Republicano por Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara, ha expresado fuertes críticas hacia estas iniciativas.
Este enfoque de la administración Biden en materia de inmigración se da en un momento crucial, en medio del contexto de las elecciones presidenciales y de un cambio de paradigma respecto a las políticas migratorias de la administración anterior. Se busca ofrecer un enfoque más humanitario y equitativo hacia la inmigración, buscando también un balance entre las necesidades de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Las reuniones y discusiones entre defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes empresariales y funcionarios de la Casa Blanca, incluidos Tom Perez y Neera Tanden, junto con la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reflejan el nivel de compromiso y la seriedad con la que se está abordando este tema de importancia nacional. La decisión final podría tener un impacto transformador en miles de familias en todo el país y marcar un hito en la política migratoria estadounidense.
